Retiro de reforma de seguridad: Oficialismo asegura manifestación de desistir, pero afirma que hay “buen clima” para un nuevo consenso

Este miércoles, el senador por el Partido Por la Democracia (PPD), Pedro Araya, anunció que el Gobierno retirará la reforma constitucional de seguridad que impulsó y que recibió cuestionamientos desde la oposición y el oficialismo.

Esta mañana, el senador Araya afirmó que “el gobierno ha manifestado su disposición a retirar la reforma”, luego de una reunión sostenida por el presidente José Antonio Kast en el Cerro Castillo.

De acuerdo a lo declarado por el parlamentario, durante el encuentro existió un “buen clima” y manifestó que “hay un consenso de generar acuerdos necesarios para despachar los distintos proyectos de la agenda de seguridad, así mismo también como otras iniciativas que aún no han ingresado“.

Respecto a la reforma constitucional de seguridad, Araya declaró que el Ejecutivo mantiene una disposición para retirar la iniciativa del Congreso “una vez que se presente un texto alternativo, que se haga cargo de resolver los problemas que estaban planteados originalmente en la reforma“. 

Y aseguró que ya se encuentra en discusión bajo una línea de trabajo, por lo que se espera que la próxima semana se presente un nuevo proyecto de ley que englobe materias de seguridad pública.

Este nuevo consenso, los parlamentarios escribirían lo que sería la nueva reforma constitucional de seguridad.

Nueva reforma de seguridad

Consultado por los puntos claves que constituirían el nuevo cuaderno de la reforma de seguridad, el senador aclaró que se contemplaría en tres ejes principales:

El primer punto consiste en establecer una condena a nivel institucional al crimen organizado, con un tratamiento similar al que recibe actualmente el terrorismo que afecta a las bases de la institucionalidad y la convivencia democrática.

En segundo lugar, se busca dotar a Gendarmería de facultades para segregar a las personas que están privadas de libertad de acuerdo al nivel de peligrosidad que representan en los distintos penales “para evitar lo que ocurrió con el traslado, por ejemplo, en la Operación Canserbero“.

Finalmente, el tercer eje tiene que ver con los estados de excepción constitucional. De acuerdo a lo declarado, los estados de excepción actuales se mantendrían y “respecto al estado de emergencia se van a hacer algunas precisiones de carácter conceptual”.

Asimismo, señaló que las modificaciones ocurridas en el estado de excepción no alterarán las atribuciones que el presidente mantiene hoy en día. Tampoco se establecerán restricciones en materia de derechos como la intercepción de comunicaciones por vía telefónica, a menos que sea por orden judicial.