Con la máxima medida cautelar quedaron los ocho imputados, seis de ellos funcionarios activos de la PDI, uno policía en retiro y un octavo civil, a quienes se les acusa de ser parte de una asociación ilícita cuyos delitos incluyen malversación de fondos, falsificación de instrumento público, tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas.
Ocho imputados deja una investigación contra una red de tráfico, contrabando y más en la que involucran a siete efectivos de la Policía de Investigaciones, seis de ellos activos y uno en retiro. El octavo imputado es un civil.
Entre los delitos por los que fueron formalizados se encuentran tráfico de drogas, contrabando, falsificación de instrumento público, asociación ilícita, malversación de caudales públicos, tenencia ilegal de armas y obstrucción a la investigación.
A raíz de estas imputaciones esta jornada, tras la audiencia de formalización, se decretó la prisión preventiva para los ocho imputados.
En específico, Fiscalía apunta a incautaciones que luego eran reportadas a las autoridades en una menor cantidad a lo realmente incautado. Esto ocurrió con droga y contrabando de cigarrillos, por ejemplo.
El fiscal Marcelo Soto de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente detalló que en esta investigación, que lleva más de un año, han habido una serie de diligencias pero que aún quedan más por realizar. “Esta investigación nace del actuar de Policía de Investigaciones, los cuales a través de la Brigada de Crimen Organizado y a través de asuntos internos han hecho lo que corresponde”, agregó el persecutor.
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, también se refirió a estos hechos calificándolos como “extremadamente graves” y que afectan al funcionamiento normal del sistema de seguridad.
“Creo también que es indispensable transmitirle a las personas que la forma y modo en que esto se ha abordado es de modo transparente mediante mecanismos de investigación interna de la propia Policía de Investigaciones que entregó los antecedentes al Ministerio Público”, destacó el secretario de Estado.
El tribunal determinó que sean 180 días de investigación.
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