El director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Cerna, compareció en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara y entregó detalles sobre la salida de la exsubdirectora de Inteligencia de la institución, Consuelo Peña.
Durante la tarde de este lunes, el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, abordó en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados la salida de la exsubeditora de Inteligencia de la institución, Consuelo Peña.
En su intervención, Cerna explicó el uso de sus facultades: “Los artículos 9 y 10 de la Ley Orgánica de la PDI establecen que la jefatura superior corresponderá a un funcionario que, con el título de director general, ejerce la dirección y la administración de la institución, y que le corresponde la disposición, organización y distribución de los medios humanos y materiales”.
En esa línea, enfatizó: “En relación con lo anterior, quiero señalar que quien toma las decisiones de la PDI es este director general, y así lo he hecho durante más de dos años que estoy a cargo de la institución”.
El director de la PDI Eduardo Cerna junto a los diputados Bernardo Salinas y Mauro Gonzalez durante la comisión de seguridad ciudadana en la camara de diputados. FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS
Respecto a los fundamentos y razones para efectuar el llamado a retiro, argumentó que los procedimientos, nombramientos y retiro del personal de la PDI “no se encuentran regulados en una única norma, sino en un sistema jurídico escalonado compuesto por disposiciones de rango orgánico, legal y estatutario desde hace más de 40 años, lo que da cuenta de mecanismos conocidos, consolidados y aplicados de manera habitual”.
En ese contexto, agregó: “Tratándose de oficiales generales cuyo nombramiento se efectúa por decreto supremo, su retiro debe formalizarse mediante el mismo tipo de acto administrativo”.
Además, detalló que las causales de retiro se encuentran reguladas en los artículos 90, 91 y 92 del estatuto: “En lo pertinente, el retiro absoluto procede, entre otros casos, cuando el funcionario opta por el retiro voluntario tras cumplir 30 años de servicio efectivo, por cuanto corresponde su alejamiento conforme a las disposiciones legales vigentes”.
Asimismo, enfatizó que el artículo 92 reviste una “especial relevancia”, puesto que el personal que cumpla 30 años de servicio efectivo “deberá elevar su solicitud de retiro, siendo facultativo del director general darle curso o no, sin expresar causa para ello”. Y complementó: “Es esta facultad la que permite al director general tomar las decisiones necesarias para efectuar ajustes del Alto Mando, de manera flexible y oportuna, y mantener la reserva de la decisión y de los alcances estratégicos e institucionales que ello conlleva”.
Por tanto, en caso de cursar dicha solicitud, el director general remite los antecedentes al Ministerio de Seguridad Pública para dictar el decreto supremo que dispone el retiro.
En cuanto a lo sucedido con la exsubdirectora de la PDI, señaló: “En el uso de mis facultades y en estricto cumplimiento de este procedimiento, cuando cursé su solicitud de retiro, conforme al artículo 92 del Estatuto del Personal, puntualizo que estas decisiones son siempre institucionales. El uso de esta facultad legal conlleva, en la práctica, una tramitación inmediata del mando para no dejar vacíos y dar continuidad a la gestión institucional”. Además, aseguró que se cumplieron “todas las etapas previstas en el ordenamiento jurídico”.
“Al momento de cursar su solicitud de retiro, la prefecta general contaba con más de 36 años de servicio en la institución, y nuestra normativa establece que la carrera de los oficiales policiales puede prolongarse como máximo hasta los 38 años de servicio”, planteó, y destacó su trayectoria profesional.
“Por ella guardo el mayor respeto y aprecio personal y profesional. De este modo, el retiro se ha llevado a cabo respetando el marco normativo vigente y con la intervención de las autoridades legalmente facultadas para ello”, aseveró Cerna.
Cerna durante la sesión reportó que desde 2022 a la fecha se ha cursado el retiro de 48 oficiales generales, 16 de ellos en distintos periodos.
Consultado sobre el mecanismo aplicado en el caso puntual de Peña, esclareció: “El día 20 de marzo cursé la solicitud de retiro presentada en abril de 2024. Fue en abril de 2024 cuando ella ascendió a prefecta general y, al ascender, debe volver a firmar su solicitud de retiro desde esa fecha. Entonces, la que cursé es la que ella presentó en 2024”.
Asimismo, expuso: “Ese mismo día, telefónicamente le anticipé de ello y que personalmente hablaríamos una vez que ella regresara a Santiago”, ya que en ese momento se encontraba en la ceremonia fúnebre del carabinero Javier Figueroa, quien fue víctima en un operativo en Puerto Varas.
“Luego, al día siguiente, el sábado en la tarde-noche conversamos personalmente y de manera reservada”, cerró Cerna.
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