En su tercera candidatura presidencial, el profesor y dirigente social propone un programa de gobierno con fuerte inspiración en la Unidad Popular, que plantea nacionalizaciones, una nueva constitución impulsada desde una asamblea soberana y la refundación del Estado y de las Fuerzas Armadas.
A menos de tres meses de las elecciones presidenciales, el candidato independiente Eduardo Artés oficializó su programa de gobierno, un documento de 35 páginas que propone una profunda transformación del Estado, inspirado en los principios del gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular.
En su tercera candidatura a La Moneda, el profesor y dirigente político apuesta por un proyecto que se autodefine como un “Gobierno Patriótico Popular”, con ejes ideológicos orientados hacia la estatización de sectores estratégicos, la refundación de las Fuerzas Armadas y una reestructuración del sistema político.
Uno de los pilares del programa es el control estatal de sectores estratégicos, bajo políticas de nacionalización, expropiación y estatización, que Artés considera “vigentes y necesarias” 50 años después del gobierno de Allende.
El documento critica duramente tanto a los gobiernos de la Concertación como a las administraciones de Sebastián Piñera y Gabriel Boric.
“La política económica sigue al servicio de los grandes capitalistas, las transnacionales y los intereses imperialistas”, acusa el texto, citando el acuerdo entre Codelco y SQM como ejemplo de la subordinación del Estado a intereses privados.
En esta línea, el candidato propone un fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, como parte de una estrategia soberanista que garantice defensa nacional frente a “posibles agresiones extranjeras, como las que viven países como Cuba o Venezuela”.
El documento también incluye propuestas específicas en el ámbito social.
Una de ellas es la entrega de medio litro de leche diario a todos los niños y niñas, reviviendo un símbolo del gobierno de la UP.
Además, plantea la refundación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, en el marco de un enfoque que busca que el Estado “acompañe desde el nacimiento” el desarrollo de los menores.
Uno de los puntos más controvertidos del programa es su postura frente a los delitos sexuales contra menores: Artés propone la pena de muerte para pedófilos y abusadores, afirmando que “la niñez debe ser protegida con el máximo rigor de la ley”.
En materia laboral, el programa contempla una reducción de la jornada de trabajo a 35 horas semanales, junto con políticas que promuevan la participación de mujeres trabajadoras y el impulso de la ciencia, la tecnología y la independencia energética.
Además, el texto asigna a los trabajadores un rol político activo, señalando que el objetivo es transformar el actual sistema institucional hacia un nuevo Estado donde los sectores populares y postergados tengan el “ejercicio real del poder político”.
Artés plantea que para lograr los cambios estructurales que propone, es fundamental asegurar una amplia representación de las fuerzas revolucionarias y democráticas en una futura asamblea constituyente.
Esta, asegura el programa, será el punto de partida para una refundación profunda del Estado chileno, en la que los sectores oprimidos tomen el control del poder político y lo ejerzan “de forma real y efectiva”.
“El grado de organización, conciencia y movilización del pueblo será clave para definir el alcance de esta nueva Constitución y la profundidad del proceso de cambio”, puntualiza el documento.
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