La propuesta de la UDI es incorporar una nueva causal de pérdida de la gratuidad, que pueda ser aplicable a los universitarios que sean condenados por delitos graves contra la vida, la integridad de las personas, la propiedad o la infraestructura pública, en línea con lo presentado por el Ejecutivo.
Este lunes, la bancada de la UDI llegó hasta La Moneda para reunirse con la subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo.
En la instancia estuvieron presentes el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, los diputados y miembros de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, Sergio Bobadilla (presidente de la comisión) y Ricardo Neumman, además de los parlamentarios Mario Olavarría, Jaime Coloma y Eduardo Cretton.
Los diputados solicitaron al Gobierno que patrocine un proyecto de ley que ingresarán durante esta jornada, el cual busca extender la pérdida de la gratuidad a los estudiantes universitarios que sean condenados por cometer delitos graves.
La situación ocurre tras la agresión contra la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, luego de participar en una actividad en la Universidad Austral. Además, la semana pasada el Ejecutivo presentó el proyecto “Escuelas Protegidas”, el cual, entre otros aspectos, propone prohibir la gratuidad universitaria a estudiantes secundarios que cometan delitos.
La propuesta de la bancada UDI es incorporar una nueva causal de pérdida de la gratuidad, que pueda ser aplicable a los universitarios que sean condenados por delitos graves contra la vida, la integridad de las personas, la propiedad o la infraestructura pública, en línea con lo presentado por el Ejecutivo.
El presidente de la Comisión de Educación, Sergio Bobadilla, agradeció la disposición del Gobierno para acoger la iniciativa de la bancada.
“La propuesta que hicimos es muy sencilla: hacer extensiva la prohibición de entregar cualquier beneficio con recursos fiscales a los estudiantes que sean sancionados estando en la educación superior, porque el proyecto original del Ejecutivo solo considera a la enseñanza media”, comentó, añadiendo que el Gobierno “va a incorporar esta propuesta como una indicación o va a patrocinar nuestra iniciativa”.
El programa, que ya ha impulsado a jóvenes talentos chilenos y latinoamericanos, busca profesionales y expertos dispuestos a guiar la próxima generación de proyectos con impacto positivo en el planeta. Las postulaciones finalizan el 31 de mayo de 2026.
