El denunciante había asegurado que su salida se produjo a raíz de la campaña política que había realizado para uno de los opositores del alcalde.
El Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción acogió una denuncia por vulneración de derechos fundamentales interpuesta contra la Municipalidad de Hualqui, tras establecer que la no renovación de la contrata de un trabajador se debió a motivos de discriminación laboral y persecución política.
La sentencia apunta a que el despido se produjo luego de que la nueva administración asumiera sus funciones en diciembre de 2024.
La magistrada Valeria Garrido Cabrera determinó en su fallo que el denunciante, quien se desempeñaba como electricista en la Dirección de Obras Municipales (DOM), fue apartado de sus funciones por su vinculación activa con la campaña de reelección del anterior jefe comunal, Jorge Constanzo.
Según el tribunal, existen pruebas gráficas en redes sociales y testimonios que confirman que el afectado realizó actividades de propaganda, como instalación de letreros y reuniones, fuera de su horario laboral.
Desde la defensa municipal, el alcalde Ricardo Fuentes y otros testigos intentaron justificar la decisión bajo argumentos técnicos y presupuestarios. Sostuvieron que el gasto en personal a contrata superaba el límite legal del 40% respecto a la planta municipal, situándose en un 31,031% por sobre dicho margen. Sin embargo, la resolución judicial desestimó esta tesis al verificar que la propia administración realizó nuevas contrataciones durante el mismo periodo en que supuestamente ejecutaba un ajuste económico.
El fallo consigna que “se observa de manera patente la afinidad política del actor hacia la anterior administración municipal.
A raíz de este fallo, el tribunal condenó a la institución reguladora local a pagar la suma de $6.911.226, cifra equivalente a nueve remuneraciones, sumando además reajustes e intereses según lo estipulado en el Código del Trabajo. Adicionalmente, el juzgado ordenó medidas reparatorias inéditas: el alcalde titular deberá enviar una carta privada de disculpas al afectado y redactar una carta de recomendación laboral que destaque su buen desempeño profesional.
El incumplimiento de estas medidas reparatorias, que deben ejecutarse dentro de los diez días posteriores a que la sentencia quede ejecutoriada, podría acarrear multas de hasta 100 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). El tribunal también instruyó el envío de los antecedentes a la Dirección del Trabajo (DT) para los registros correspondientes.
El histórico dirigente de la Democracia Cristiana —exministro, exsenador y expresidente del partido— será el primer invitado del ciclo de entrevistas en profundidad que se estrena el domingo 19 a las 22:00 horas por CNN Chile.
