Una denuncia individual presentada en julio de 2020 por José Reinaldo Hernández destapó un presunto cartel de siete procesadoras de centolla en Magallanes. Según el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), las empresas controlaban entre el 81% y el 88% del mercado y coordinaban año a año el precio de compra del recurso a los pescadores.
La FNE pide sanciones por más de US$54 millones para las firmas y US$440 mil para ocho ejecutivos.
Mecanismos de coordinación y rol del Estado
Según reportó DF, el denunciante relató que “los gerentes usaban reuniones presenciales, correos electrónicos, llamadas y WhatsApp para coordinar los precios”. La investigación incluyó interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente, tras la delación compensada de una de las empresas.
Hernández también cuestionó que varias de las procesadoras acceden a beneficios de la Ley Navarino mientras pagaban precios bajos: “si pagaban $5 mil el kilo, a la empresa le costaba solo $2.500 porque el resto lo ponía el Estado”. Pescadores organizados buscan ahora una indemnización de perjuicios. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) realizará este jueves la audiencia de presentación de pruebas.
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