Parlamentarios del PS y del PPD solicitaron que se aclare a quién pertenece el plantel educacional, luego que el Estado perdiera el control del instituto en 1989 tras disminuir su presencia en el directorio.
En medio del debate del proyecto de ley que permite a los Centro de Formación Técnica e Institutos Profesionales acceder a la gratuidad, los senadores apuntaron a que aún hay un integrante del Estado en su directorio y que por lo tanto Inacap tiene intereses públicos.
El senador del PPD, Jaime Quintana, señaló que “hay dudas legítimas respecto de la privatización” del establecimiento y agregó que los diputados podrían analizar el tema en una comisión investigadora.
La Corte sostuvo que, en esta etapa, basta la “justificación” de los delitos y que la defensa no logró desvirtuar el peligro para la seguridad de la sociedad. También descartó que el artículo 324 del COT opere como excusa para el cohecho y apuntó al “carácter organizado” del presunto plan, además de las altas penas asociadas.