Daniel Andrade, representante legal de Democracia Viva, le solicitó a la secretaría regional de Antofagasta del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) poner “término anticipado” a los millonarios convenios que también están siendo investigados por el Ministerio Público.
Según La Tercera, el ingeniero civil mecánico le envió un correo electrónico al Minvu a las 17:54 horas del jueves, diciendo: “Como es de público conocimiento, dada la crisis existente relacionada con los convenios (REX 504, 576 y 641) para la intervención socio territorial de asentamientos precarios suscritos entre Uds. y la Fundación Democracia Viva, la cual aún represento legalmente, habiendo, además, tomado conocimiento a través de los medios de comunicación social de vuestra voluntad de poner término a estos convenios, es que por este acto y conforme a las disposiciones que regulan el término anticipado de los mismos, específicamente en las cláusulas 16ª de cada uno, por este acto manifiesto nuestra voluntad de poner término anticipado a los convenios aludidos, estando absolutamente disponible para celebrar los actos formales necesarios para el cumplimiento de esta finalidad e implementar el plan de cierre que estimen conveniente”.
Andrade también manifestó la disponibilidad para “volver a detallar las actividades realizadas, rendir pormenorizadamente los avances de lo convenido y poner a disposición de Uds. los dineros no utilizados en la tarea encomendada y que se encuentran intactos en la cuenta corriente de la fundación”.
Finalmente, la también expareja de la diputada Catalina Pérez -a quien Revolución Democrática (RD) le suspendió su militancia política por el caso- cerró el correo diciendo “no se vive celebrando victorias, sino superando derrotas”, sentenció el medio citado.
¿Qué había dicho Montes?
La decisión de la fundación se suma a lo expresado el pasado miércoles 21 de junio por el ministro Carlos Montes: “Lo sensato y razonable es que la fundación ponga fin al convenio y restituya los recursos asignados”.
“Una parte de los recursos ya los han gastado -y está en proceso de revisión-; aquella parte que no han gastado nos parece que lo sensato y razonable es que los pongan a disposición. Si no lo hacen, nosotros iniciaremos un proceso de término para la restitución de los recursos”, continuó.
Sus palabras también fueron compartidas por el presidente Gabriel Boric.
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