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El próximo 22 de septiembre se votará en la Cámara de Diputados el proyecto que propone un cuarto retiro de fondos previsionales.

En pleno debate, la polémica sigue creciendo, más aún luego de las declaraciones que emitió el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien no descartó la posibilidad de que el Ejecutivo acuda al Tribunal Constitucional (TC) si el proyecto sigue avanzando en el Congreso. 

El secretario de Estado dijo, en una actividad en Valparaíso, que los diputados que están a favor del proyecto lo hacen para conseguir votos y resultar reelectos en las elecciones parlamentarias del próximo 21 de noviembre.

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La diputada Karol Cariola (PC) se refirió a la posibilidad de que el Gobierno nuevamente lleve el proyecto al TC. “Es una amenaza que hemos tenido del Gobierno desde que el primer retiro se hizo posible, todos sabemos cuáles fueron los resultados la última vez que el Ejecutivo incursionó en una solicitud al TC, en que el propio tribunal la desestimó. No veo las razones por las que haya un argumento distinto”, afirmó la parlamentaria.

Por otro lado, el presidente de RN, Francisco Chahuán, dijo en entrevista con El Mercurio que los parlamentarios que voten a favor de la iniciativa no pueden quedar sin sanción, y que la recomendación del partido era rechazar lo que calificó como una “mala política pública”.

En esa línea, el diputado Tomás Fuentes (RN) aseguró que “parece que la estrategia es acercar la votación lo más posible a las elecciones, cosa de que algunos parlamentarios, producto de la presión electoral, tengan que verse en la obligación de aprobar algo que algunos señalaron que no estaban de acuerdo”.

A través de un comunicado del Consejo de Estabilidad Financiera, que preside el titular de Hacienda, Rodrigo Cerda, se advirtieron los riesgos que podría acarrear la aprobación de un cuarto retiro de fondos, entre ellos: graves efectos en la economía de familias vulnerables, ya que aumentarían las tasas de interés; la caída del valor de fondos de pensiones y la depreciación de la moneda.

El proyecto necesita 3/5 de votos para ser aprobado y pasar al Senado, es decir, 93 votos de los cuales ya cuenta con 84, que corresponden a diputados de la oposición.

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