Este jueves la Corte Suprema declaró improcedente la solicitud del Ministerio de Salud para dejar sin efecto la forma en que el 7º Juzgado de Garantía de Santiago estableció para la incautación de correos electrónicos por parte del Ministerio Público.

La fórmula confirmada por el juez Patricio Álvarez, de dicho tribunal, consiste en que el Ministerio Público se quedaría con una copia de todos los correos “en calidad de comunicaciones retenidas (…) como ‘copia testigo’, bajo cadena de custodia y sin poder acceder a ella”.

De este modo, sólo accedería a los mensajes “singularizados” por el ministro Enrique Paris, mientras que el resto quedaría fuera de su alcance.

La determinación surge en medio de la investigación de Fiscalía contra el presidente Sebastián Piñera, el ex ministro de Salud Jaime Mañalich y los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga por el manejo de la pandemia.

El actuar de los percutores se inició tras las querellas presentadas por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, el senador Alejandro Navarro y organizaciones gremiales, que apuntan a la responsabilidad de las autoridades en las muertes por COVID-19.

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