Corte de Santiago declara inadmisible recurso de la Defensoría de la Niñez que buscaba anular las 56 rebajas de penas

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de amparo que ingresó la Defensoría de la Niñez, en el que se pidió dejar sin efecto los 56 decretos otorgados por el Ministerio de Justicia para reducir las penas de pederastas.

El tribunal de alzada, presidido por las ministras Lidia Poza y Claudia Parra, junto con la abogada integrante Catalina Infante, desestimó el recurso al considerar que la acción de amparo no constituía la vía idónea para canalizar dicha solicitud, según consignó La Tercera.

En la resolución se expone que “los antecedentes expuestos en el recurso no constituyen una denuncia de hechos que correspondan a aquellos que, según el artículo 21 de la Constitución Política de la República, deban ser conocidos en esta clase de acciones, máxime si de lo señalado se advierte que el ordenamiento jurídico concede las vías ordinarias de revisión de lo decidido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, según el procedimiento establecido en la Ley N° 19.880″.

Por ello, se estipuló que el recurso de amparo presentado por la Defensoría “no es la vía idónea para proceder a su impugnación, motivo por el cual la acción cautelar deducida no puede ser admitida a tramitación”.

Asimismo, en la resolución se sostiene que la inadmisibilidad se argumenta dado que, respecto de las rebajas de penas otorgadas por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, no hay antecedentes que demuestren “hechos que sustenten la ilegalidad reclamada“.

Cabe recordar que la acción judicial fue ingresada durante la semana pasada por la Defensoría de la Niñez. El director de la entidad, Anuar Quesille, sostuvo que se recurrió a la Justicia debido a que “no estamos solo frente a una discusión sobre beneficios penitenciarios, sino que también estamos frente a decisiones del Estado que pueden afectar directamente la seguridad y los derechos de quienes fueron víctimas de graves delitos sexuales”.

En ella también se solicitaban otras acciones, como que el Ministerio de Justicia se coordine con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para la “activación de medidas de protección para las víctimas”.