Exministro Cordero advierte que Rabat “está asumiendo un riesgo jurídico al suspender” la tramitación de rebajas de condena

El exministro de Justicia Luis Cordero cuestionó la interpretación del Gobierno para otorgar rebajas de condena a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores, y sostuvo que la Ley 21.421, dictada en 2022, fue clara al excluirlas de ese beneficio.

Cordero recordó que la norma se aprobó al término del gobierno de Sebastián Piñera, en el marco de una agenda transversal sobre infancia que también incluyó la imprescriptibilidad de estos delitos.

“Su nombre dice explícitamente: excluye del beneficio regulado por la ley 19.856 a quien haya cometido delitos de carácter sexual contra menores de edad. Es decir, es una ley dictada con el propósito deliberado de prohibir la rebaja de condenas en ese caso”, afirmó en 24 Horas.

Cordero sostiene que los requisitos deben evaluarse al momento de postular

El exsecretario de Estado explicó que el punto técnico de fondo es que el Congreso entendió la rebaja de condena como un beneficio y no como parte de la pena, por lo que los requisitos deben cumplirse al momento de postular y no al momento en que se cometió el delito: “La persona que postula a rebaja de condena debe cumplir esos requisitos. Si en ese momento, al momento de su postulación, había prohibición, en consecuencia debía ser excluida”.

Según Cordero, durante el gobierno de Gabriel Boric, todas estas solicitudes fueron rechazadas a partir de 2022.

“Es cierto que una cantidad importante de esas personas fueron de recursos de amparo y una cantidad no menor fueron acogidos, pero es cierto también que el Ejecutivo en cada uno de ellos tuvo que hacer una defensa en tribunales de este punto”, sostuvo.

Al ser consultado por si los gobiernos anteriores se lavaban las manos al dejar que los tribunales concedieran el beneficio, el exministro respondió que la autoridad debe aplicar la ley aunque no comparta su contenido, y que debe ser leal al texto y al propósito con que la aprobó el Congreso.

“La interpretación jurídica no se compadece con el texto de la ley”

En esa línea, agregó que los debates judiciales se resuelven caso a caso y que eso no cambia la obligación del Ejecutivo.

Asimismo, Cordero criticó la postura del ministro de Justicia, Fernando Rabat: “Yo creo que el ministro Rabat ha sostenido una interpretación. Yo creo que esa interpretación jurídica, por las razones que ha expuesto, no se compadece con el texto de la ley. Esa es mi opinión”.

El exministro también advirtió que la decisión del Ministerio de Justicia de suspender la tramitación de los decretos expone a Rabat a un riesgo legal y explicó que, cuando una persona está privada de libertad, la autoridad está obligada a responder sus solicitudes, sea de forma positiva o negativa, y que las cortes son muy severas cuando alguien que debería estar libre sigue preso por una demora administrativa.

Por eso, sostuvo que una moratoria de algunos días podría ser entendible, pero no una suspensión indefinida.

“Yo creo que la autoridad debe tomar decisiones y de esa manera elimina el riesgo, pero lo que no puede hacer es suspender indefinidamente esas decisiones”, advirtió.

Descarta revertir las 56 rebajas ya otorgadas

Respecto de las 56 rebajas ya otorgadas, Cordero descartó que puedan revertirse, especialmente en los casos en que los beneficios ya se aplicaron y las personas quedaron en libertad. Según explicó, en esos casos retrotraer los decretos sería jurídicamente imposible.

El exministro también se mostró escéptico del proyecto de ley anunciado por el Gobierno. A su juicio, no existe un vacío legal, porque la ley es clara, y la solución de fondo está en la ley de ejecución de penas, que permitiría acotar el uso de los recursos de amparo en esta etapa. Ese proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados y hoy se tramita en el Senado.

“Yo pediría no cometer el error de tener un proyecto en específico para este caso, porque creo que puede distorsionar”, aseveró.

Además, cuestionó que el Gobierno ponga el foco en las víctimas mientras busca postergar hasta 2028 y 2029 la entrada en vigencia de la Defensoría de las Víctimas, una iniciativa que nació en el gobierno de Piñera, fue impulsada por Boric y formó parte de los acuerdos en materia de seguridad.

Cordero cuestiona al vocero Gonzalo Arenas

Cordero también criticó al vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, por mostrar decretos de rebaja de condena firmados durante la administración anterior.

En ese marco, apuntó a que el decreto del exministro Jaime Gajardo se dictó para cumplir una sentencia judicial, mientras que los del actual Gobierno responden a una decisión propia.

“Cuando el subsecretario muestra los decretos, el problema no es el resultado, es el motivo. En el derecho es tan importante la decisión como los fundamentos”.

Aunque descartó que Arenas actuara de mala fe y lo atribuyó a una estrategia comunicacional, el exministro sostuvo que una autoridad que usa medios institucionales tiene la obligación de ser veraz, como ha señalado la Contraloría, y que el vocero intentó construir un argumento litigioso desde una vocería oficial en lugar de abordar el problema de fondo.

Para Cordero, el Gobierno debería reconocer el error en lugar de responsabilizar a las administraciones anteriores.

“Hay veces que es mejor pedir disculpas a seguir profundizando los conflictos, porque creo que todos entendemos, quienes están en la función pública, quienes han pasado por la función pública, que hay una característica central del Estado y de un gobierno: que no son infalibles”.

Por último, sobre la acusación constitucional que evalúa la oposición contra Rabat, el exministro se declaró crítico del uso de esta herramienta como un medio para derribar a un adversario político, y recordó que el gobierno anterior fue víctima de un uso abusivo de este mecanismo.

Aun así, sostuvo que el Ejecutivo también debe contribuir a bajar la tensión, reconociendo que se pudo haber actuado de otra manera.