El diputado del PS, Raúl Leiva, ingresó el oficio ante el organismo para que determine si el requerimiento se ajusta a derecho, advirtiendo que podría exceder las facultades legales del Ministerio de Seguridad.
La Contraloría General de la República deberá pronunciarse sobre una solicitud clave en medio de una nueva controversia que involucra a la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert.
El diputado Raúl Leiva pidió al organismo fiscalizador revisar si un requerimiento de información dirigido a la Policía de Investigaciones (PDI) se ajusta a la normativa vigente.
El oficio en cuestión, fechado el 13 de marzo y publicado por Radio Biobío, fue emitido apenas dos días después de que la secretaria de Estado asumiera el cargo.
En el documento se solicitó información detallada sobre funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Tarapacá vinculados a una investigación conocida como “Clan Chen”, incluyendo datos personales, movimientos internos y eventuales antecedentes.
La rapidez del requerimiento y su nivel de detalle son parte de los elementos que generan cuestionamientos.
Antes de asumir como ministra, Steinert se desempeñaba como fiscal regional de Tarapacá, la misma zona donde se desarrolla la investigación, lo que —según el parlamentario— podría abrir dudas sobre un eventual conflicto de interés.
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En su presentación, Leiva advierte que, aunque el Ministerio de Seguridad tiene facultades para solicitar información a las policías, estas no son ilimitadas cuando se trata de causas en curso, consignó La Tercera.
En particular, plantea que no se puede acceder a antecedentes que puedan afectar diligencias investigativas ni exponer información sensible de funcionarios.
El diputado también cuestiona la forma del requerimiento, señalando que se habría pedido información “en bruto” en lugar de reportes consolidados, lo que —a su juicio— no se ajusta al diseño legal vigente.
Este episodio se suma a un escenario ya complejo para la ministra, tras la polémica por el llamado a retiro de la exsubdirectora de Inteligencia de la policía civil, Consuelo Peña.
El CFA advirtió que se podría concretar "el cuarto incumplimiento consecutivo de la meta de Balance Estructural (BE), que incluso podría ser de un nivel mayor a lo proyectado debido a riesgos de desviaciones en los ingresos y gastos fiscales".
