Contraloría reveló irregularidades en uso de recursos para seguridad ciudadana en municipios de Estación Central y Padre Hurtado

La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de deficiencias en el uso de recursos de seguridad ciudadana en las comunas de Estación Central y Padre Hurtado.

Tras llevar a cabo fiscalizaciones en dichos municipios, se evidenciaron “diversas irregularidades y debilidades en la gestión y ejecución de recursos públicos destinados a seguridad ciudadana”.

Contraloría detectó irregularidades en recursos de seguridad ciudadana

En el caso de Estación Central, el ente contralor verificó fallas respecto a la implementación y operatividad de los sistemas de prevención del delito.

Por ejemplo, “se constató que en las unidades vecinales donde se concentró la mayor cantidad de delitos durante 2024 también se encuentra el mayor número de cámaras de televigilancia instaladas (40); sin embargo, 19 de ellas no estaban operativas a junio de ese año”.

Asimismo, un 58% de las cámaras que se instalaron desde mayo de 2024 —y las puestas en marcha hasta junio de 2025— “no se mantenían operativas”. En algunos casos hubo fallas que se extendieron por más de un año, situación que “afecta directamente la eficacia del sistema de vigilancia comunal”.

Entre otros aspectos, también se reveló la existencia de “debilidades en la gestión de intervenciones municipales”.

🔴INFORMES DE AUDITORÍAS | Seguridad ciudadana: CGR advierte irregularidades en uso de recursos en Estación Central y Padre Hurtado.
Revisa la nota acá 👉https://t.co/51fVAXfl44 pic.twitter.com/NVV6NbS5Fa

— Contraloría (@Contraloriacl) April 16, 2026

“Si bien el municipio ejecutó acciones de despeje de comercio ambulante y retiro de rucos, sustentadas en la plataforma KOBO, no se acreditaron intervenciones en otros sectores pese a denuncias de la comunidad, ni se aportaron antecedentes sobre el destino final ni la eliminación de los productos decomisados”, señaló la Contraloría.

Por otro lado, en la Municipalidad de Padre Hurtado se constataron algunas deficiencias en la gestión de los equipamientos adquiridos para la seguridad pública.

Por ejemplo, “los botones de pánico se encontraban almacenados en cajas, sin identificación de inventario ni funcionario responsable de custodia, y que, pese a haber sido recepcionados entre diciembre de 2024 y enero de 2025, se encontraban inactivos al momento de la fiscalización”.

También se observó que “la Inspección Técnica del proyecto de televigilancia integral no certificó la calidad de las obras ni de los equipos instalados”.

Junto con ello, está la “ausencia de certificados eléctricos y de autorizaciones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, pese a que los sistemas estaban en funcionamiento y el contrato fue recepcionado provisoriamente sin observaciones”.

Con motivo de los antecedentes mencionados, la Contraloría ordenó iniciar sumarios administrativos en ambos municipios para determinar eventuales responsabilidades funcionarias.