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La Contraloría General de la República declaró inconstitucional el Decreto 249 del gobierno, que ordenaba a las Fuerzas Armadas cumplir labores de orden público. En un comunicado el órgano destacó que el Decreto “buscaba autorizar a las Fuerzas Armadas para cumplir las labores de prevención y control del orden público en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco“.

De acuerdo a la Constitución, señalaron, “dichas labores están a cargo exclusivamente de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones”. 

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El objetivo inicial del gobierno era “autorizar colaboración de las FF.AA. para apoyar a las autoridades civiles y policiales respecto de actos que se vinculen con la prevención del porte, la tenencia y el tráfico ilícitos de armas de fuego, la criminalidad organizada, el narcotráfico y el terrorismo” en la macrozona Sur.

Esto incluía que el ministerio del Interior, con apoyo de Defensa, “decidirá los objetivos estratégicos de la misma y evaluará la manera en que las policías emplean la colaboración señalada”. Junto a esto, quería delegar al jefe de la cartera de Defensa la facultad de suscribir los decretos supremos que “ordenen la organización y distribución de las unidades de Fuerzas Armadas”.

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