Contraloría detectó retrasos e incumplimientos en la ejecución de la Estrategia Nacional de Residuos Marinos

La Contraloría General de la República (CGR) detectó retrasos en la implementación de la Estrategia Nacional para la Gestión de Residuos Marinos y Microplásticos. 

La iniciativa, que fue aprobada en 2021 por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, busca coordinar la acción de los distintos organismos públicos en la materia.

El ente contralor realizó una auditoría a la estrategia y analizó la ejecución del plan de acción, incluyendo contrataciones, pagos, viáticos, coordinación interinstitucional y cumplimiento de las actividades comprometidas para el período 2021-2030.

Incumplimientos en la Estrategia Nacional de Residuos Marinos

Así, la CGR detectó, entre otros aspectos, que la Subsecretaría del Medio Ambiente “no acreditó contar con procedimientos, lineamientos o directrices para monitorear el avance de las acciones comprometidas”.

Debido a ello, hasta marzo de 2026 “no disponía de información sistematizada sobre el cumplimiento de los objetivos, situación que podría afectar la planificación, el control y la toma de decisiones en esta materia”.

A ello se suma que las Subsecretarías del Medio Ambiente y Pesca y Acuicultura, además de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) “no acreditaron gestiones para promover programas de prevención, recolección, valorización y disposición adecuada de residuos marinos, ni para difundir experiencias desarrolladas por el sector privado y la sociedad civil. Tampoco se verificó la definición de acciones concretas para cumplir este objetivo, cuyo plazo de implementación comenzó en 2022″.

Adicionalmente, la Subsecretaría del Medio Ambiente “no realizó las capacitaciones semestrales comprometidas para servicios públicos, municipios, docentes y estudiantes sobre prevención e impactos de los residuos marinos, ni contaba con una planificación que permitiera implementar esta medida, prevista desde 2022″.

Con todo, la Contraloría mandató a la Subsecretaría del Medio Ambiente “elaborar y remitir, en un plazo de 60 días hábiles, procedimientos y directrices que permitan fortalecer la planificación, supervisión y seguimiento de las actividades contempladas en el Plan de Acción de la Estrategia”.

Debido a observaciones en procesos de pago vinculados a actividades de difusión y capacitación, la subsecretaría deberá “ajustar sus procedimientos, fortalecer los mecanismos de control y acreditar la incorporación de los antecedentes faltantes en los expedientes respectivos”.

También tendrá que entregar información sobre las coordinaciones realizadas y la planificación para ejecutar las actividades pendientes.

Mientras que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura “deberá acreditar la elaboración del informe técnico comprometido y reportar los avances asociados al cumplimiento de las acciones programadas para 2026”.

En tanto, Directemar “tendrá que identificar brechas, evaluar las actividades ejecutadas y reportar las medidas adoptadas para avanzar en el cumplimiento de los compromisos establecidos por la estrategia”.