Contraloría destapa irregularidades en INDAP: Se dieron créditos a personas con autos de lujo y plantaciones de marihuana

La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de irregularidades en la Dirección Regional Metropolitana del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) durante la gestión de créditos de fomento del año 2024.

De acuerdo con un informe del organismo, la institución no fiscalizó a tres beneficiarios del crédito que contaban con antecedentes de actividades ilícitas en sus predios (dos por cultivo de cannabis y uno por usurpación de recursos hídricos).

La Contraloría también advirtió la existencia de casos en los que los beneficiarios no cumplieron los requisitos para acceder a los créditos.

En particular, se destacó el caso de 10 beneficiarios que contaban con vehículos motorizados valorizados en más de 3.500 UF (más de $128 millones) y de dos personas que tenían un capital propio tributario superior al requerido por la entidad.

A esto se le suman 16 beneficiarios —por más de $51 millones— que tenían “ingresos de actividades distintas a la explotación agrícola, como remuneraciones, honorarios o arriendos, lo que no se ajusta al requisito que señala que, para optar a este beneficio, la principal fuente de recursos debe ser, precisamente, la actividad agrícola”.

Asimismo, el ente detectó que la institución entregó un total de $62.155.496 en créditos a 23 personas que no demostraron la tenencia legítima de los terrenos declarados. La mayoría de estos beneficiarios figuraba en la categoría de “ocupantes” o en clasificaciones no definidas, lo que se realizó sin criterios claros que permitieran descartar posibles irregularidades.

Debilidades en la verificación de la situación socioeconómica y en la supervisión en terreno

Otra irregularidad que advirtió la CGR es que no se verificó correctamente la situación socioeconómica de ocho beneficiarios de créditos por $51 millones, ya que no se encontraban entre el 0% y el 70% más vulnerable de la población en el Registro Social de Hogares (RSH), al igual que con otras 95 personas beneficiadas por más de $503 millones, que estaban sobre el 70% más vulnerable.

Además, se constataron debilidades en la acreditación de 481 créditos, los cuales fueron otorgados a personas registradas como pequeños agricultores desde hace más de cinco años, sin que se evidenciara ningún proceso de reevaluación orientado a confirmar si los beneficiarios mantienen las condiciones exigidas por el programa.

Por último, el informe detalló las debilidades en las labores de fiscalización, debido a que en 2024 se entregaron 566 créditos y solo se realizó un 6% de supervisión en terreno de ellos; es decir, 36 en total.

A raíz de los antecedentes, la Contraloría ordenó al INDAP “revisar los casos observados, evaluar el cumplimiento de los requisitos por parte de los beneficiarios y ejecutar los ajustes respectivos. Asimismo, el organismo deberá instruir un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas derivadas de los hechos constatados”.