El ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, presentó sus descargados ante la comisión que revisa la acusación constitucional en su contra y aseguró que “no existieron presiones indebidas hacia la Sra. Patricia Hidalgo”.
El libelo contra el titular de la cartera fue interpuesto en por la bancada del Partido Republicano, tras las declaraciones de la ex secretaria regional ministerial (seremi) de la Región Metropolitana de Desarrollo Social, quien acusó haber recibido “presiones indebidas” en el Gobierno para aprobar proyectos con los que no estaba de acuerdo en el Comité de Evaluación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Al respecto, el secretario de Estado le envío la noche de este jueves el escrito de contestación de 140 páginas a la comisión respectiva, en el que formula la denominada “cuestión previa”, donde se argumenta la improcedencia -a su juicio- de la acusación, contesta las imputaciones formuladas en cada uno de los capítulos del libelo; y adjunta 44 documentos que respaldan sus argumentos.
Respecto a lo denunciado por Hidalgo, el ministro Jackson “no existieron presiones indebidas hacia la Sra. Patricia Hidalgo”, y sostuvo que “las acciones de coordinación realizadas por la subsecretaria (Francisca) Perales fueron expresión del deber de probidad administrativa, pues este también exige el despliegue de una gestión eficiente y eficaz en la ejecución de la función pública”.
“Precisamente, la coordinación desplegada tenía por objeto asegurar el cumplimiento de las obligaciones que le eran aplicables a la ex seremi en la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana, pero que, sin embargo, ella se excusaba en cumplir”, añadió.
El ministro también dijo que “una simple orden dada a un funcionario subalterno respecto de alguna materia en la cual el jefe de servicio u otro funcionario tienen claras atribuciones implica un ejercicio legal de las labores y funciones asignadas y no puede considerarse reprochable”.
“Es más, la jurisprudencia de la propia Contraloría General de la República ha sido clara en señalar que los funcionarios se encuentran obligados a obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico, pudiendo incluso ser objeto de medidas disciplinarias si infringen tal obligación”, sentenció.
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