Dos artículos de la "Ley Pascua", vigentes desde 1966, permiten reducir penas y entregar beneficios carcelarios a los isleños que comentan delitos de violación y abuso sexual.
A través de una consulta indígena, la etnia rapanuí resolverá el futuro de dos artículos de una ley que data de 1966, que atenúan las penas para los isleños que cometan el delito de violación o abuso sexual.
En concreto, los artículos 13° y 14° de la Ley 16.441, permiten reducir las condenas a los responsables de delitos sexuales, incluyendo la violación, y a cumplir a dos tercios de las penas por delitos en general fuera de la cárcel.
La legislación ha sido cuestionada por organizaciones feministas en los últimos meses, tras una denuncia de violación en las afueras de una discotheque realizada por una joven continental.
Este martes, a través del Diario Oficial, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia convocó al referéndum que busca “fortalecer la prevención de todo tipo de delitos, así como también el respeto de diversos tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile”.
Entre estos tratados se incluyen la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención sobre los Derechos de los Niños.
Según indicó a El Mercurio la gobernadora de Rapa Nui, Tarita Alarcón, para el próximo 25 de febrero quedó pactada la primera reunión, que consultará a organizaciones representativas y los clanes familiares.
Luego de las fases que incluyen talleres informativos y deliberaciones internas con elección de representantes, Alarcón destaca que “con antelación sabemos que se va a desembocar en un plebiscito, que es una de las formas democráticas más aceptadas por la comunidad local”.
El ministerio detalla que, si bien cada etapa de la consulta toma 25 días hábiles, los tiempos de éstas pueden reducirse.
La dirigente de una organización de mujeres rapanuí que buscan derogar la ley, Sofía Faúndez Hey, reconoce que este tema no solo afecta los derechos de las mujeres isleñas, sino también a cualquier víctima de violación en el territorio insular, ya sea mujer continental, hombre o incluso niños, debido a que en una pequeña comunidad estas se encuentran con sus victimarios que cumplen penas en libertad, revictimizándolas.
Por su parte, el fiscal de Rapa Nui, Osvaldo Basso, advierte que “se corre riesgo en la consulta, porque no todos están de acuerdo con derogar la norma y no vota toda la población rapanuí, solo la inscrita en los registros de Conadi”.
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Uno de los opositores al cambio de la ley es el alcalde Pedro Edmunds, quien sostiene que este proceso podría poner en peligro otros derechos como la exención de impuestos para los isleños, establecido en la Ley Pascua, “que es un reconocimiento del Estado de los abusos que cometió con mi pueblo”.
Al respecto, el jefe comunal señala que la única forma en que podría apoyar los cambios legales es llegar a un acuerdo para lograr un nuevo trato constitucional entre el Estado y los rapanuís.
Por su parte, el abogado constitucionalista, Eduardo Cordero, explica en el citado medio que este proceso implica que se revisen postulados de una cultura ancestral tomando como base el modelo occidental de derechos fundamentales. “Existen muchas costumbres ancestrales de pueblos originarios a nivel mundial que se han ido eliminado por ser consideradas degradantes o que atentan contra los derechos humanos básicos”, aseveró.
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