Dos comisiones investigadoras que fiscalizaban datos relacionados a la pandemia del coronavirus votaron y aprobaron sus conclusiones este lunes. Una de ellas tenía relación con una posible reducción injustificada de inscripciones de defunciones y la otra con la habilitación de inmuebles para la instalación de hospitales de campaña u hospedaje de enfermos.
En la instancia fue aprobado el informe presentado por la diputada Marisela Santibáñez (PC), que establece que el ex ministro de Salud Jaime Mañalich no habría contemplado la información dada a conocer por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) y por el Registro Civil en la entrega de datos sobre COVID-19.
Según consigna La Tercera, el texto señala que “el errático y temerario manejo comunicacional del gobierno, particularmente del Presidente de la República, y del ex ministro de Salud Jaime Mañalich constituyen actos reprochables”.
Además, concluye que “el Ministerio de Salud, en especial el ex ministro de Salud Jaime Mañalich, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, y el ex subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, no fueron diligentes al adoptar las medidas adecuadas para asegurar la reportabilidad de los datos, por los fallecimientos a causa del COVID-19 y por lo tanto no dieron cabal cumplimiento a sus obligaciones como autoridades a cargo del sistema de vigilancia epidemiológica, siendo los responsables de entregar información errónea a la ciudadanía, no apegada a las recomendaciones de la OMS”.
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Dentro de sus recomendaciones, el informe destaca el rediseño de la estrategia para hacer frente a la crisis sanitaria y reconoce una centralización en la toma de decisiones para enfrentar la pandemia.
Ahora el informe será votado en la Sala de la Cámara, para lo cual aún no hay fecha establecida.
Espacio Riesco
Por su parte, la comisión que investigó la habilitación de residencias sanitarias aprobó por cinco votos a favor y tres en contra el informe elaborado por diputados de la oposición, encabezados por la presidenta de la instancia, Karol Cariola (PC).
La instancia indagó especialmente el arrendamiento de Espacio Riesco y concluyó que “se cometieron irregularidades y vulneraciones de derechos laborales” y que la autoridad actuó en los contratos de arrendamiento y de prestación de servicios contrario a derecho, siendo improcedente la manera en que se llevó adelante la contratación, causando perjuicios al Estado.
Este informe será dado a conocer a la Sala por la diputada Cariola.
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