El Colegio Médico (Colmed), junto a organizaciones de migrantes, entregó una carta a la ministra de Salud, May Chomali, manifestando su preocupación por el avance de la iniciativa que modifica la Ley N.º 21.325 de Migración y Extranjería, para restringir el acceso de inmigrantes en situación irregular a beneficios de cargo fiscal.
Actualmente, el proyecto se encuentra en segundo trámite legislativo. Ante este panorama, las organizaciones plantearon que dicha iniciativa impediría que quienes hayan ingresado de manera irregular al país mantengan su afiliación a Fonasa, al no poder renovar su número de identificación provisorio.
De aprobarse, advirtieron que esta medida podría dejar a miles de personas, incluyendo niños, adultos y personas mayores, sin acceso a tratamientos esenciales, como los asociados al VIH o la tuberculosis.
Además, en el escrito señalaron que limitar la atención de este grupo únicamente a situaciones de emergencia no solo impactaría a la población migrante, sino que también tendría efectos sobre la salud pública en su conjunto. Entre los principales riesgos, detallaron la disminución de las coberturas de vacunación y el debilitamiento de las estrategias de control de enfermedades transmisibles, lo que podría afectar indicadores sanitarios a nivel nacional.
“Muchos tratamientos, especialmente de enfermedades crónicas e infecciosas como el VIH o la tuberculosis, podrían verse interrumpidos, y eso no solo afecta a las personas migrantes, sino a la salud pública en su conjunto, ya que compromete el control de la transmisión de enfermedades y el mantenimiento de coberturas adecuadas de vacunación. Por lo tanto, no se trata solo de un tema migratorio, sino de un asunto que impacta directamente en la salud de toda la población”, expuso el doctor Carlos Becerra, tesorero nacional del Colmed y gerente del Programa Nacional AHF Chile.
También enfatizaron que esto podría generar efectos en la reciente alerta sanitaria oncológica, ya que personas migrantes en listas de espera podrían quedar excluidas de sus tratamientos al ser desafiliadas del sistema público.
En ese contexto, las organizaciones aseguraron que estas medidas podrían vulnerar garantías constitucionales, como el derecho a la vida y el acceso igualitario a la salud.
“A través de esta carta solicitamos a la ministra que haga valer los derechos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por Chile, garantizando el acceso a la salud para todas las personas, migrantes o no. No existen personas de segunda categoría: el derecho a la salud es un principio humanitario de carácter universal que el Estado tiene la obligación de resguardar. Por ello, pedimos respetuosamente a la ministra que actúe en coherencia con estos compromisos y garantice su cumplimiento”, señaló Yessenia Santaella, representante de Migrantes en Chile.
Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades a reconsiderar la medida y a que el Ministerio de Salud (Minsal) ponga a disposición del Senado antecedentes epidemiológicos que permitan dimensionar las eventuales consecuencias de esta iniciativa para la salud pública del país.
¿Qué dice el proyecto de ley?
El proyecto propone impedir el acceso a beneficios de cargo fiscal en el caso de extranjeros en condición irregular, con el objetivo de “desincentivar el ingreso a territorio nacional por pasos no habilitados”. Para ello, aumenta las exigencias para la obtención de prestaciones estatales y la inscripción en el Registro Social de Hogares.
Y plantea:
- Artículo 1°: Intercálase en el artículo 44 de la Ley N.º 21.325, de Migración y Extranjería, después del inciso primero, el siguiente inciso segundo, pasando los actuales segundo, tercero y cuarto a ser tercero, cuarto y quinto:
- “La postulación y acceso de extranjeros a beneficios de cargo fiscal requerirá cédula de identidad vigente otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación”.
- Artículo 2°: La inscripción de extranjeros en el Registro Social de Hogares, o en el instrumento de evaluación socioeconómica que lo reemplace, requerirá cédula de identidad vigente otorgada por el Servicio de Registro Civil e Identificación.
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