Este viernes, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó posibles despidos de profesores debido a la reducción de horas en alrededor de 3,6% en el marco del Presupuesto Nacional.
Durante una entrevista con Radio Infinita, el titular de la cartera se refirió a la asignación presupuestaria que reciben los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) y el posible despido de profesores por la disminución de las horas docentes máximas en alrededor de 3,6%.
Según explicó Quiroz, debido a la baja natalidad, no hay mayores ingresos en el sistema escolar, por lo que la situación llevaría a “lograr mejores eficiencias”.
“Eso te va a llevar naturalmente a optimizar y probablemente tengan que haber desvinculaciones, pero esas desvinculaciones no tienen nada que ver con no otorgar el beneficio social; el beneficio es el derecho es a educarse. No confundamos el derecho a educar con la obligación a emplear; son cosas distintas”, dijo la autoridad.
La dura respuesta del Colegio de Profesores
Ante los dichos del ministro Quiroz, el Colegio de Profesores, liderado por Mario Aguilar, rechazó las declaraciones entregadas por el titular de la cartera: “Me parecen extremadamente graves las declaraciones que ha realizado el ministro de Hacienda, en las que a priori anuncia el despido de docentes”, expresó.
“Esto no corresponde, porque cada uno de los servicios públicos de educación, ya sean municipales o SLEP, requieren de la existencia de un plan anual, que en el caso de los municipios es el PADEM (Plan Anual de Desarrollo de la Educación Municipal) y en los servicios locales es el PAL (Plan Anual Local)”, agregó.
Asimismo, remarcó que los planes “tienen que basarse en criterios técnico-pedagógicos y no en criterios económicos” al tratarse de objetivos educacionales más que en el ahorro de recursos.
Por lo que declaró que el criterio exclusivamente económico que el Gobierno está aplicando “puede producir un impacto muy grave y muy severo sobre la educación que reciban nuestros niños y niñas”.
Y anunció que por parte del Colegio de Profesores van “a tomar distintas acciones: legales, administrativas, en la Contraloría, por ejemplo. Pero también de movilización, porque esto nos parece gravísimo; que a priori el señor ministro esté forzando y obligando a los servicios a despedir profesionales de la educación”.
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