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Tras dos jornadas centradas en la imputación de la Fiscalía y en los alegatos de querellantes, la formalización entra en su tramo decisivo. Este jueves expone la defensa; el viernes el 7° Juzgado de Garantía define las medidas cautelares.
La formalización de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, entra este jueves en una fase clave. Luego de dos jornadas con la exposición de la Fiscalía y los planteamientos de los querellantes, la audiencia retoma su curso tras el receso del miércoles.
El viernes, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago definirá las medidas cautelares solicitadas, con la prisión preventiva como petición principal del Ministerio Público.
El caso abrió reacciones que apuntan al daño institucional y a la discusión sobre controles en el sistema judicial. En medios, voces como la del exfiscal Ricardo Freire han descrito la situación como un hecho de máxima gravedad por su impacto en la confianza pública.
#HoyEsNoticiaCNN | Ricardo Freire, exfiscal, por Caso Vivanco: “Es un hecho de la máxima gravedad. Se está cuestionando a la máxima autoridad de un poder del Estado. Es como si se cuestiona por un caso de corrupción al Presidente de la República”
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— CNN Chile (@CNNChile) January 27, 2026
En paralelo, el abogado Jorge Correa Sutil vinculó el debate con el diseño de nombramientos y los incentivos del sistema, en una discusión que ya empuja propuestas de reforma.
También se conocieron antecedentes periodísticos sobre alertas internas y tensiones en la Corte Suprema en torno al rol de Vivanco en la Tercera Sala, asunto que aparece en relatos de declaraciones incorporadas en la investigación. Esos elementos, por ahora, forman parte del contexto y del debate, y su valor procesal depende de lo que se rinda y discuta en sede judicial.
Este jueves, la audiencia vuelve con el foco puesto en la respuesta de la defensa frente a la solicitud de prisión preventiva. Con el cronograma ya delineado, la discusión apunta a dos ejes: (1) si existen antecedentes suficientes para sostener los delitos imputados y la participación atribuida a Vivanco, y (2) si se cumplen los requisitos legales para imponer la cautelar más gravosa.
La resolución del tribunal sobre cautelares quedó fijada para este viernes, tras las réplicas finales de las partes.
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En el inicio de la formalización, la Fiscalía imputó a Vivanco por cohecho reiterado y lavado de activos, en el marco de la causa conocida como “trama” o “Muñeca Bielorrusa”, vinculada al litigio del consorcio Belaz-Movitec contra Codelco. La defensa intentó instalar la ilegalidad de la detención y cuestionó la necesidad de ese procedimiento, pero el tribunal rechazó ese planteamiento.
En la segunda jornada, intervinieron querellantes como Codelco, el Consejo de Defensa del Estado y la Organización de Trabajadores Judiciales, quienes respaldaron la necesidad de prisión preventiva y reforzaron sus argumentos con antecedentes incluidos en la carpeta investigativa.
El Ministerio Público sostuvo que la libertad de la imputada implica riesgo para la investigación y para la seguridad de la sociedad, en atención a la naturaleza de los delitos y a las penas asociadas. En su planteamiento, la investigación describe un mecanismo en que presuntas retribuciones no llegan de forma directa a Vivanco, sino que pasan por terceros y por su entorno, con operaciones financieras y uso de efectivo que, para la Fiscalía, buscan ocultar el origen de fondos.
En paralelo, la Fiscalía relevó conductas posteriores que, a su juicio, elevan el riesgo para diligencias pendientes, como el manejo de evidencia y dispositivos.
Durante la discusión, querellantes como Codelco y el CDE citaron antecedentes que, según sus planteamientos, refuerzan la imputación y la cautelar solicitada. Entre ellos apareció la referencia a una declaración del abogado Eduardo Lagos —imputado en la causa— que los querellantes usaron como insumo para sostener la tesis de pagos ilícitos.
Ese punto abre, además, un flanco procesal: Lagos cuestionó su propia declaración y existe una disputa judicial pendiente sobre si puede usarse como antecedente válido.
Desde la representación de Codelco, también se instaló el argumento de que, para el análisis del pronóstico de pena y de la eventual procedencia de penas sustitutivas, el tribunal debe considerar las reglas de la Ley de Delitos Económicos, lo que, a juicio de esa parte, endurece el escenario penal.
En términos simples, la investigación se origina en el litigio entre el consorcio Belaz-Movitec y Codelco, tras el término anticipado de un contrato.
La imputación sostiene que, cuando Vivanco integraba y presidía subrogantemente la Tercera Sala de la Corte Suprema, habría intervenido para acelerar o encauzar decisiones favorables al consorcio, pese a vínculos con abogados involucrados. A cambio, la Fiscalía atribuye la existencia de pagos o beneficios, que luego se habrían ocultado mediante maniobras de lavado.
La causa se conecta con revelaciones que surgieron a partir del denominado Caso Audios, que abrió varias aristas sobre eventuales redes de tráfico de influencias.
En la primera entrevista que dio como Pdta de la Corte suprema, Gloria Ana Chevesich dio su opinión sobre Angela Vivanco y fue tajante. @CNNChile https://t.co/Lu4L08bRVB
— Mónica Rincón González (@tv_monica) January 26, 2026
Este viernes el tribunal debe resolver medidas cautelares. Si decreta prisión preventiva, Vivanco quedará sujeta a reclusión mientras la investigación avanza. Si descarta esa cautelar, el juez puede optar por medidas alternativas, como arresto domiciliario total o parcial, arraigo u otras restricciones.
Tras la etapa de formalización y cautelares, la causa entra de lleno en investigación: diligencias, peritajes, eventuales nuevas formalizaciones y, más adelante, el cierre investigativo con una decisión del Ministerio Público: acusación para juicio oral, solicitud de sobreseimiento o salidas alternativas si proceden.
Nota: Este es un proceso judicial en curso. La presunción de inocencia rige hasta una sentencia firme.
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