Vivanco conocerá sus cautelares: Formalización llega hoy a su fin tras audiencias marcadas por acusaciones de cohecho y “camotera” institucional

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago tiene previsto resolver este viernes 30 de enero las medidas cautelares en contra de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, en el marco de la investigación por la denominada trama “Muñeca Bielorrusa”. La audiencia quedó fijada para las 12:00 horas, tras tres jornadas que concentraron la imputación de la Fiscalía, los alegatos de querellantes y la respuesta de la defensa.

El proceso tomó fuerza tras la detención de Vivanco y el inicio de su formalización por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos, vinculados al conflicto judicial entre el consorcio Belaz-Movitec y Codelco. La investigación se centra en el rol que habría tenido la exministra en resoluciones y gestiones asociadas a la disputa, y en la eventual existencia de pagos o beneficios a cambio de influir en decisiones.

En el primer día, la defensa intentó que el tribunal declarara ilegal la detención, planteamiento que no prosperó. Luego, en las jornadas siguientes, intervinieron querellantes como Codelco y el Consejo de Defensa del Estado, además de otras partes, quienes respaldaron la cautelar solicitada por el Ministerio Público.

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Qué se define hoy

El tribunal debe decidir si acoge la solicitud de prisión preventiva o si opta por una medida de menor intensidad, como arresto domiciliario total, arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional, firma periódica y/o restricciones de contacto, entre otras alternativas posibles.

Hasta la resolución, Vivanco permanece bajo custodia en el marco del proceso, a la espera de la decisión judicial sobre su situación cautelar.

Lo que sostiene la Fiscalía: gravedad de los delitos y riesgos del proceso

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Vivanco y puso el acento en la gravedad de los ilícitos, el impacto institucional del caso y la existencia de antecedentes que, según su tesis, permiten sostener la imputación y la participación atribuida. También ha expuesto una hipótesis de flujos y movimientos de dinero que, en su planteamiento, busca explicar el lavado de activos y el destino de eventuales beneficios.

En esa lógica, la Fiscalía ha insistido en presuntos riesgos para el éxito de diligencias pendientes y en la necesidad de asegurar el desarrollo de la investigación.

Lo que responde la defensa: “camotera institucional” y cuestionamiento a la imputación

La defensa, encabezada por el abogado Jorge Valladares, ha descrito el caso como una “camotera institucional” y sostiene que no se cumple el estándar mínimo del debido proceso. Entre sus argumentos, cuestiona la base jurídica del cohecho y plantea que la imputación se construye a partir de reglas de implicancias y recusaciones, asunto que, en su tesis, no calza con el encuadre penal elegido.

Valladares también ha remarcado que el fallo cuestionado corresponde a una sala colegiada y que una imputación basada en la idea de “decisión individual” choca con el funcionamiento del máximo tribunal. Además, ha puesto sobre la mesa que el conflicto de fondo mantiene aristas abiertas, lo que usa como insumo para discutir el momento y alcance de la persecución.

“Camotera institucional”: Defensa de Vivanco acusa vulneración del debido proceso y cuestiona base “antojadiza” del cohechohttps://t.co/6AMdIkyjUc

— CNN Chile (@CNNChile) January 29, 2026

Qué han destacado los medios y lo que viene después

En la cobertura del caso, ha tomado relevancia el uso de antecedentes y testimonios asociados a actores del litigio, además del debate por la validez y alcance de ciertas declaraciones que han circulado en la discusión pública. También se ha relevado la estrategia de Codelco para que el tribunal considere la aplicación de la Ley de Delitos Económicos al evaluar el pronóstico de pena y la pertinencia de una cautelar intensa.

En paralelo, notas de prensa han reactivado antecedentes y advertencias previas dentro del Poder Judicial sobre el rol público e institucional de Vivanco, en un contexto donde el caso ha tensionado la confianza en la judicatura.

Si el tribunal decreta prisión preventiva, Vivanco quedará recluida mientras avanza la investigación, bajo el régimen que defina Gendarmería. Si opta por medidas alternativas, el tribunal puede imponer restricciones de movilidad y otras obligaciones, y ajustar el set de cautelares según el estándar de riesgo procesal que estime configurado.

Con la cautelar resuelta, la causa continúa en fase investigativa: peritajes, análisis de especies incautadas, revisión de flujos financieros y eventuales nuevas diligencias. Más adelante, el Ministerio Público debe decidir si presenta acusación para un eventual juicio oral o si adopta otra salida procesal conforme al mérito de la investigación. En todo caso, rige la presunción de inocencia hasta una sentencia firme.