Durante la jornada de este lunes, la Segunda Sala de la Corte Suprema ordenó dar curso al exhorto internacional solicitado por la Presidenta de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de Madrid.
Esto, tras la reapertura de la causa en contra de los ejecutivos del Banco de Chile por en el presunto delito de blanqueamiento de capitales y alzamiento de bienes en el marco de la investigación del Caso Riggs, en una querella puesta por la Fundación Presidente Allende.
El máximo tribunal remitió los anteceden al 34° Juzgado del Crimen de Santiago para que se realicen las notificaciones solicitadas. “Debe ser puesta en conocimiento de los querellados don Pablo Granifo Lavín, así como al Banco de Chile, a Banchile Corredores de Bolsa y a Banchile Administradora General de Fondos, estos últimos como responsables civiles subsidiarios”, expone el documento.
Lo que dicta en la carta para validar este dictamen es que “la carta rogatoria cumple con los requisitos establecidos en el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, en relación al artículo 43 del Código de Procedimiento Penal; así como con las normas del Tratado de Extradición y de Asistencia Judicial en Materia Penal, suscrito entre el Reino de España y la República de Chile”.
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El documento también establece las condiciones de la causa. “En lo que interesa al presente exhorto, que en la causa antes dicha tiene calidad de denunciado Pablo Granifo Lavín y, como responsables civiles subsidiarios, el Banco de Chile, Banchile Corredores de Bolsa S.A y Banchile Administradora General de Fondos S.A. Expone, asimismo, que la Fundación Presidente Allende es querellante en el proceso y que la acción intentada lo es por los delitos de obstrucción a la justicia, alzamiento de bienes, destrucción de cosas embargadas y blanqueamiento de capitales“, concluye.
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