El 7° Juzgado de Garantía de Santiago citó a una audiencia para revisar el aumento de plazo de la investigación y una reformalización solicitada por el Ministerio Público.
El 7° Juzgado de Garantía de Santiago fijó una nueva audiencia en el marco del caso conocido como “Muñeca Bielorrusa”, que tiene a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco como una de sus principales imputadas.
Según una resolución fechada el 10 de febrero de 2026, el tribunal citó a las partes a una audiencia de aumento del plazo de investigación y reformalización respecto de los imputados Ángela Francisca Vivanco Martínez, Víctor Gonzalo Migueles Oteiza, Mario Andrés Vargas Cocina y Carlos Eduardo Lagos Herrera.
La diligencia se realizará el 17 de marzo de 2026, a las 09:00 horas, en el Centro de Justicia de Santiago. El tribunal dejó establecido que la audiencia será presencial.
La citación ocurre tras una semana marcada por movimientos en la causa. A comienzos de febrero, la defensa de Vivanco —encabezada por el abogado Jorge Valladares— insistió en que la imputación por cohecho no logra sostener un elemento central: la existencia de un acuerdo corruptor. En esa misma línea, cuestionó el estándar con el que se ha construido el caso y adelantó que recurrirían contra las decisiones que mantuvieran a su representada privada de libertad.
La Fiscalía, en tanto, ha defendido que la investigación cuenta con antecedentes que justifican las imputaciones y ha sostenido que la medida cautelar se explica por la gravedad de los hechos y por riesgos procesales vinculados a diligencias pendientes.
En ese contexto, el lunes 9 de febrero se revisaron las cautelares de Vivanco y, finalmente, se mantuvo la prisión preventiva, lo que fue interpretado por el Ministerio Público como una ratificación de que, al menos en esta etapa, la hipótesis investigativa cuenta con sustento suficiente para seguir avanzando.
Vivanco está imputada por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos. La investigación —según la Fiscalía— se origina en el conflicto judicial entre el consorcio Belaz-Movitec y Codelco, y apunta a que cuando Vivanco integraba y presidía subrogantemente la Tercera Sala habría intervenido para acelerar y favorecer resoluciones judiciales vinculadas a ese litigio, pese a mantener vínculos personales con abogados relacionados con la empresa.
La hipótesis del Ministerio Público sostiene que esas actuaciones habrían tenido una retribución económica y que luego se habrían realizado maniobras para ocultar el origen de esos dineros mediante operaciones y movimientos financieros bajo análisis.
En términos simples, la audiencia del 17 de marzo apunta a dos cosas: que la Fiscalía disponga de más tiempo para seguir reuniendo antecedentes; y que pueda ajustar la formalización, lo que puede traducirse en precisar hechos, ordenar imputaciones o incorporar elementos nuevos dentro del marco de la investigación, siempre bajo control del tribunal y con derecho de respuesta de las defensas.
Nota: Se trata de un proceso judicial en curso. Rige la presunción de inocencia.
La Corte sostuvo que, en esta etapa, basta la “justificación” de los delitos y que la defensa no logró desvirtuar el peligro para la seguridad de la sociedad. También descartó que el artículo 324 del COT opere como excusa para el cohecho y apuntó al “carácter organizado” del presunto plan, además de las altas penas asociadas.
