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Una justificación para el uso de escopetas antidisturbios, además de la conclusión de que “no existe certeza” que Carabineros haya causado las lesiones oculares del estudiante Gustavo Gatica, son algunas de las declaraciones encontradas al interior del sumario interno que la institución policial envió a la Fiscalía Centro Norte.

La información, dada a conocer por La Tercera, corresponde a un documento realizado por el fiscal Renato Avello García con fecha 9 de diciembre e incluye la declaración de los ocho funcionarios sospechosos.

El informe asegura que dichos uniformados usaron una escopeta antidisturbios esa jornada: el coronel Santiago Saldivia, el teniente coronel Marcelo Bustos, el mayor Jean Hirsch, los capitanes José Cárdenas y Rodrigo Pérez, el suboficial Víctor Fernández y los sargentos Gerónimo Saavedra y Eric Aburto.

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Sin embargo, el sumario afirma que sería imposible definir quién habría efectuado los disparos y si estos efectivamente habrían ocasionado la pérdida de ambos globos oculares a Gatica.

“Si bien es cierto que existe la información pero no la certeza del lugar y rango horario donde habría ocurrido el hecho, dado a que solo es la versión entregada por la persona afectada, no se cuenta con los instrumentos científicos y técnicos que permitan identificar, en primer lugar, cuál de los ocho funcionarios individualizados anteriormente que intervinieron en ese sector haya posiblemente causado dichas lesiones”, detalla el documento.

Asimismo, agrega que “no se descarta que (las lesiones) pudieran haber sido provocadas por los mismos manifestantes (que) utilizaban distintos elementos para agredir al personal policial, ya que como se aprecia en los videos, hay un alto nivel de violencia en esa intersección”.

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Es por esto que concluye que “en atención a lo anterior y en especial a lo que respecta al empleo de la escopeta antidisturbios, su uso fue a consecuencia de una aplicación necesaria, legal y progresiva de los medios, toda vez que la acción del agua y los gases resultaron insuficientes ante el alto nivel de agresividad de los manifestantes”.

El informe concluye que “no se observaron infracciones funcionarias por parte del personal policial involucrado”, agregando que “se deja establecido que, de los hechos investigados, no le asiste responsabilidad administrativa a ningún miembro de la institución”.

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