La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular el proyecto de ley que busca “controlar eficientemente el consumo de drogas en la administración pública”. Fue despachado a segundo trámite constitucional.
La iniciativa refunde las mociones de las parlamentarias Paula Labra y Pamela Jiles, junto a Yovana Ahumada, y su objetivo es “resguardar el principio de probidad” y “asegurar la eficiencia en la labor gubernamental. Esto, considerando el alto nivel de responsabilidad que tienen las autoridades políticas en la gestión y dirección del país”.
El 23 de abril había sido aprobada en general, y regresó a la Comisión de Gobierno Interior tras ser objeto de indicaciones, como fijar test de drogas cuatro veces al año, pero finalmente fueron descartadas.
EXÁMENES?| Aprueban proyecto que controla consumo de drogas a autoridades.
https://t.co/GTvY9q5cQi— Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) August 19, 2025
En el texto se indica que “no podrá ser candidato a presidente, senador, diputado, gobernador regional, consejero regional, alcalde ni concejal quien tuviese dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales”.
Esta inhabilidad también incluye a otras autoridades, como ministros de Estado, subsecretarios, jefes superiores de servicios y directivos superiores de la administración del Estado, además de delegados presidenciales regionales o provinciales.
Habrá excepciones en caso de que el consumo esté justificado por un tratamiento médico, por ejemplo.
¿Cómo se garantizará la aptitud?
En el proyecto se señala que para garantizar la aptitud a los cargos mencionados, hay una obligación de prestar una declaración jurada que “acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad. Además de un examen médico que lo acredite, en los mismos términos de lo requerido para las y los candidatos”.
Asimismo, se establece que los resultados de estos procedimientos serán de carácter público y estarán disponibles en los sitios web de las instituciones respectivas.
Junto con ello, se ordena hacer un test al menos una vez al año mientras se esté en el cargo.
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