Este miércoles, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto que aumenta las penas para delitos relacionados con hechos de violencia escolar.
La iniciativa tiene como objetivo considerar como agravante de responsabilidad penal la comisión de delitos en contra de personas que integran la comunidad educativa, y fue remitida al Senado para su segundo trámite legislativo.
Cabe mencionar que el texto impulsado por el Ejecutivo es complementario a la iniciativa de Escuelas Protegidas, que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de reaccionar ante los distintos incidentes que se han registrado en establecimientos educacionales.
Durante el debate, parlamentarios que respaldaron el proyecto enfatizaron que reforzar las agravantes permitirá enfrentar con mayor eficacia situaciones de amenazas, agresiones y destrucción.
En la vereda contraria, algunos cuestionaron el aumento de penas frente a un fenómeno complejo que, a su juicio, no se resuelve únicamente desde la perspectiva del derecho penal.
Además, advirtieron que esto podría implicar riesgos para los derechos de niños y adolescentes, especialmente en contextos de vulnerabilidad, e insistieron en que estos cambios podrían acercar las sanciones a estándares del sistema penal adulto.
Por su parte, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, subrayó la importancia de establecer un tratamiento diferenciado para los delitos que afectan a la comunidad educativa, a la luz del aumento de las agresiones contra docentes y estudiantes.
El titular de Justicia remarcó que esta situación exige una respuesta sistemática por parte del Estado. Sin embargo, señaló que, junto con sancionar más gravemente estos hechos, esperan dar una señal clara de respaldo a la comunidad educativa.
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