Cámara aprobó proyecto de resolución que pide al presidente Kast eliminar uso del lenguaje inclusivo en servicios públicos

La Cámara de Diputadas y Diputados respaldó un proyecto de resolución en el que solicitan al presidente José Antonio Kast eliminar el uso del lenguaje inclusivo en servicios públicos a nivel país.

En concreto, piden al mandatario que instruya a todos los ministerios “dejar sin efecto circulares, resoluciones u otro tipo de acto administrativo que imponga el uso del lenguaje inclusivo en los diferentes servicios públicos y que ordene por decreto el correcto uso del idioma castellano, prohibiendo cualquier distorsión gramatical en razón del género, etnia u otra clasificación identitaria”.

La iniciativa fue impulsada por Flor Weisse, Daniel Lilayu, Sergio Bobadilla, Cristóbal Martínez, Guillermo Ramírez, Marco Antonio Sulantay, Hotuiti Teao y Marlene Pérez.

Los parlamentarios argumentaron que durante el gobierno del presidente Gabriel Boric “se intentó imponer forzosamente el uso del lenguaje inclusivo en diferentes servicios públicos, particularmente en los establecimientos educacionales, ordenando por medio de circulares el empleo de un idioma especial para referirse a personas que se identifican con un género distinto o simplemente definen su posición al respecto”.

A su juicio, esta imposición tendría mayor énfasis en el área educativa, “lo que demuestra la clara intención de adoctrinar por medio del aprendizaje”.

Asimismo, los diputados plantearon que hay un interés político claro de ciertos sectores en ocupar este tipo de lenguaje y prometer su uso, con el objetivo de obtener réditos electorales. De esta forma, tomando el rol de defensores de las ‘disidencias’, consiguen un bolsón importante de apoyo que finalmente los lleva al poder. Sin embargo, durante los últimos cinco años, y especialmente desde el fracaso del proyecto constitucional progresista, se ratificó el rechazo de la ciudadanía a este tipo de prácticas, restando legitimidad política a los intentos del gobierno por imponerlas”.

Con todo, citan a la Real Academia Española (RAE), que aconseja “adoptar siempre el uso común del idioma y ser percibido su valor político como la más alta declaración de los derechos y deberes de todos los ciudadanos, sea cual fuere su sexo y, especialmente, como símbolo de su igualdad efectiva en todos los ámbitos de la sociedad”.

Y también a la ONU, que dispone en su documento “Orientaciones para el empleo de un lenguaje inclusivo en cuanto al género en español” que “es importante no confundir el género gramatical -categoría que se aplica a las palabras-, el género como constructo sociocultural -roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad determinada en una época determinada considera apropiados para los seres humanos de cada sexo- y el sexo biológico -rasgo biológico propio de los seres vivos-…”.