La bancada de diputados y diputadas del Frente Amplio presentó un oficio ante la Tesorería General de la República (TGR) debido a testimonios de deudores del CAE que denunciaron el vaciamiento de sus cuentas bancarias.
Los parlamentarios solicitaron a la institución dar a conocer una serie de antecedentes, como:
- Criterios de segmentación por tramos de ingreso usados para la definición de deudores que son objeto de embargo o retención.
- Sí, efectivamente se limitaron a ingresos superiores a $5 millones mensuales, como la TGR indicó previamente.
- Existencia de mecanismos de protección de ingresos mínimos no afectos al embargo o retención aplicados, considerando la normativa legal laboral y el principio de proporcionalidad.
Además de “otras materias relevantes para conocer la magnitud y justificación de la acción emprendida contra las personas endeudadas por estudiar en la educación superior”.
La diputada y jefa de bancada del Frente Amplio, Emilia Schneider, aseveró que “dejar a una persona sin su sueldo, sin un peso en su cuenta, es una inmoralidad tremenda. Y eso es lo que están denunciando las y los deudores del CAE en los últimos días, tras el proceso de cobro iniciado por la Tesorería, producto de las decisiones del gobierno”.
“El mismo gobierno que busca darle un regalo a los superricos con su reforma tributaria, le aprieta el cinturón a quienes menos tienen y a las familias de la clase media. Como Frente Amplio vamos a tomar acciones, vamos a defender a esas familias y vamos a oficiar a la Tesorería General de la República para fiscalizar este proceso, porque no vamos a permitir ni abusos ni arbitrariedades”, afirmó.
Fue en abril pasado cuando las diputadas Schneider, Constanza Schönhaut y Gael Yeomans presentaron un proyecto para aliviar el cobro a los deudores del CAE.
En ese momento, llamaron al Gobierno a patrocinar la iniciativa, pero señalaron que no han obtenido respuesta.
La iniciativa busca “hacer más humano este proceso, para que se tomara en cuenta la realidad de las y los deudores, sus ingresos y sus gastos, junto con propuestas que el gobierno podría presentar para aliviar aún más la pesada mochila que cargan. Pero hasta ahora no hemos tenido respuesta. Por eso vamos a insistir, y llamamos a todos los sectores que creen en la justicia social a sumarse para que este proyecto avance, para que sea ley. Las y los deudores del CAE necesitan una respuesta urgente”.
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