La Asociación Chilena de Casinos de Juego criticó este miércoles la decisión del Servicio de Impuestos Internos (SII), el cual habilitó un nuevo sistema para que las plataformas extranjeras de juego en línea se inscriban para pagar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Chile.
A través de un comunicado público, el gremio expresó sus reparos a la medida y comentó que esta “señal es especialmente confusa cuando, a pocos días de esta decisión, el Gobierno optó por no presentar indicaciones y reducir la urgencia de la tramitación del proyecto de ley que precisamente busca normar esta actividad”.
Este cuestionamiento surge luego de que la Corte Suprema ordenara bloquear múltiples sitios web de apuestas ilegales.
En esa línea, desde el gremio advirtieron que el pagar impuestos “no transforma una actividad ilegal en legal” y que “la señal que recibe el mercado es que estas plataformas pueden seguir operando mientras regularizan únicamente su situación tributaria”.
Esto ocurre, añadieron, “sin asumir las obligaciones regulatorias, de fiscalización, de trazabilidad de los recursos, de protección al consumidor, resguardo de menores de edad y prevención de actividades ilícitas que sí cumplen los casinos autorizados en Chile”.
Es por esto que el gremio acusó que el mecanismo “no constituye un simple acto de recaudación tributaria. En la práctica, opera como un mecanismo de regularización encubierta al incorporar al sistema del Estado a operadores que hoy desarrollan una actividad que la Corte Suprema ha calificado como ilegal”.
En el documento se recordó que la Resolución Exenta N° 26 del SII, emitida en 2023, ya había excluido a estas plataformas del régimen tributario simplificado. Bajo este argumento, señalaron que el nuevo dictamen no anula el anterior.
“Por lo que la actividad mantiene su carácter de ilegal, y crea otro efecto. Todo funcionario público tiene el deber de actuar frente a la comisión de hechos ilícitos; la pregunta que surge es si corresponde denunciarlos o simplemente recaudar sobre ellos”, argumentaron.
Por último, hicieron un llamado a las autoridades para “resguardar la coherencia institucional del Estado, a restablecer la consistencia entre los criterios de la Corte Suprema, la Superintendencia de Casinos de Juego y el propio SII, y a avanzar con urgencia en una regulación integral que garantice competencia leal, protección de los consumidores y certeza jurídica para el desarrollo de esta actividad”.
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