Amnistía Internacional a cuatro años del estallido social: “El panorama es de mucha impunidad”

A cuatro años de las protestas masivas que sacudieron a Chile en 2019, Amnistía Internacional (AI) denunció que solo 27 de los 10.568 casos de abusos policiales en manifestaciones han concluido en condenas y que las víctimas siguen sin contar con la reparación adecuada.

En conversación con Cooperativa, el director de la ONG, Rodrigo Bustos, detalló que hay 127 procesos judiciales actualmente formalizados. “El panorama es de mucha impunidad“, declaró.

Consultado sobre la labor policial en dichas manifestaciones y respecto a la reforma de Carabineros, Bustos subrayó que “existieron graves y generalizadas violaciones a los derechos humanos por parte de los agentes del Estado: de Carabineros, pero no solo (Carabineros); también de otras instituciones armadas”.

En ese sentido, señaló que el balance después de cuatro años del denominado estallido social “es bien desolador“.

“En materia de justicia, de las 10.568 denuncias que se realizaron, más del 80% de los casos se han cerrado y solo tenemos 27 condenas, siendo que hubo cientos de casos de lesión oculares, hubo casos de golpizas, hubo al menos siete homicidios, denuncias de violencia sexual; por lo tanto, y también no ha habido una política de reparación integral para las víctimas, más allá de algunas medidas que se han adoptado”, detalló.

Asimismo, agregó: “El escenario es, en términos generales, de mucha impunidad. Básicamente, se han cerrado casi 7.000 de las causas. Hay en este momento 127 causas con formalización vigente y solamente 27 condenas, o sea, un 0,25% de las víctimas ha tenido alguna condena respecto de la denuncia de violación a los derechos humanos que en algún momento presentó“.

Reforma a Carabineros

Respecto a la esperada reforma a Carabineros, Bustos soslayó que una de las recomendaciones tiene que ver con avanzar hacia la desmilitarización de la institución.

“La verdad es que desde la institución de Carabineros muchas veces se ha planteado que la militarización garantizaría la prescindencia política de las máximas autoridades, cosa que no ha ocurrido, porque varias veces los generales directores han hecho interpelación a los poderes políticos”, dijo.

“Esa es una de las cuestiones que hemos planteado y también hemos señalado que es relevante que se avance en mecanismos de control civil de la policía y en un robustecimiento de la regulación del uso de la fuerza“, agregó.