La Contraloría General de la República informó a la Municipalidad de Recoleta que deberá cerrar la Funeraria Popular, a tan solo un año de su puesta en marcha, ya que según explicó el órgano contralor, al municipio no le compete la prestación de este tipo de servicio.
Tras ello, el alcalde Fares Jadue llegó hasta dependencias de la Contraloría para apelar a la determinación del organismo liderado por Dorothy Pérez.
Según señaló, el servicio que presta Recoleta “no tiene que ver con una actividad comercial” y “hemos entregado los fundamentos para aquello”, a través de un documento.
La autoridad comunal también señaló que el mandato de la Contraloría “no considera los fundamentos legales y sociales que enviamos el 30 de abril a la contralora general” y que la funeraria es un servicio público regulado que está amparado por la Ordenanza de Derechos Municipales.
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“No compite en el mercado como las funerarias privadas. No vendemos productos, ofrecemos servicios con arancel fijo según la Ley de Rentas Municipales“, recalcó.
Jadue también apuntó a que si se ordena el cierre de los servicios, “se fortalece el monopolio de las funerarias privadas y sus altos precios”.
Adicionalmente, pidió que, en el futuro, en esta clase de pronunciamientos se vea involucrado el municipio y “pidan todos los antecedentes que son necesarios, por los cuales nosotros hemos fundado este tipo de estrategia que van en directo beneficio de nuestras comunidades”.
“Este proyecto responde a una necesidad real que es garantizar un servicio digno y accesible para todas las familias recoletanas. No queremos que nadie deba endeudarse cuando fallece un ser querido!”, sentenció.
Contraloría nos informó que la Funeraria Popular debe cerrar. Entregamos hoy nuestros descargos:
? El informe no considera los fundamentos legales y sociales que enviamos el 30 de abril a la Contralora General.
? La Funeraria Popular es un servicio público regulado, amparado… pic.twitter.com/wgx12tBFZl
— Fares Jadue Leiva (@FaresJadue) May 5, 2025
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