La acción fue interpuesta por la estatal Polla Chilena de Beneficencia en de contra nueve personas vinculadas al negocio de apuestas online, entre ellas Sebastián Salazar, exsocio del futuro subsecretario de Seguridad.
La futura llegada de Andrés Jouannet a la Subsecretaría de Seguridad se produce bajo un escenario de creciente escrutinio público, marcado por la revisión de sus antiguos vínculos societarios con empresarios actualmente investigados por la justicia.
El foco no está en una imputación directa contra el diputado —quien no figura como acusado en causas penales— sino en las sociedades comerciales que constituyó años atrás y que hoy lo conectan con figuras involucradas en indagatorias por presuntos delitos de corrupción y apuestas ilegales.
Las empresas en cuestión fueron formalmente creadas, pero nunca iniciaron actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) y, según antecedentes disponibles, permanecen inactivas.
Uno de los antecedentes más sensibles es su relación societaria con Emilio Yang, con quien comparte dos asociaciones. Yang está imputado por presunto tráfico de influencias en una investigación que involucra a la senadora electa Karol Cariola.
Además, Jouannet participó en la firma Impresiones Quizapú Limitada junto a Sebastián Salazar Bastidas y Alberto Hadad Abuhadba.
El nombre de Salazar adquiere especial relevancia en este contexto. La semana pasada, la estatal Polla Chilena de Beneficencia presentó una querella contra nueve personas vinculadas al negocio de apuestas online, entre ellas el exsocio de Jouannet.
La acción judicial, patrocinada por el abogado Isidro Solís, acusa a los querellados de asociación criminal y lavado de activos, señalando la existencia de una estructura organizada destinada a procesar pagos para plataformas de juego no autorizadas en Chile.
El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella y la derivó al Ministerio Público.
Según La Tercera, la causa quedaría bajo la competencia de la Fiscalía Metropolitana Oriente, encabezada por la fiscal regional Lorena Parra, aunque aún no se confirma la designación de un fiscal a cargo.
En paralelo, resurgen antecedentes sobre la participación de antiguos socios de Jouannet en la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Entretenimientos Electrónicos (Fiden), organización investigada en 2019 por presunto financiamiento irregular de la política.
Desde el entorno del presidente electo José Antonio Kast han respaldado la nominación, argumentando que las sociedades mencionadas no registran actividad comercial y que no existe investigación penal contra el diputado.
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