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Según el escrito presentado por la defensa de Vivanco, la Corte Suprema no puede asumir simultáneamente el rol de órgano que juzgó y destituyó a la exmagistrada y, al mismo tiempo, pronunciarse sobre la admisibilidad y el fondo de una acción penal derivada de esos mismos hechos.
La estrategia judicial de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, se centra ahora en un punto clave: la imparcialidad del máximo tribunal.
Su defensa presentó este miércoles una recusación ante la Corte de Apelaciones de Santiago para excluir a 14 ministros de la Suprema y a una ministra suplente de cualquier decisión relacionada con la querella penal en su contra, argumentando que ya formaron juicio previo al participar en su destitución.
Según el escrito, el problema no es solo procesal, sino institucional.
La defensa sostiene que la Corte Suprema, que actuó como órgano acusador y resolutor en el proceso de remoción, no puede luego transformarse en tribunal penal para evaluar la admisibilidad y el fondo de una querella derivada de esos mismos hechos, recogió La Tercera.
A su juicio, esa dualidad vulnera el debido proceso y los principios elementales de justicia.
El medio anteriormente mencionado también recoge que uno de los argumentos centrales es que los ministros recusados ya habrían formado convicción en contra de Vivanco.
El documento afirma que el tribunal expuso públicamente a la exmagistrada y adoptó una decisión extrema —su remoción—, por lo que no existirían condiciones mínimas de objetividad para que esas mismas personas evalúen ahora si corresponde encausarla penalmente.
La defensa advierte que esta superposición de funciones —haber juzgado su conducta administrativa y luego pronunciarse sobre su eventual responsabilidad penal— sitúa el proceso en una “condición institucionalmente insostenible”.
El escrito también plantea que el origen del caso estuvo marcado por un quiebre temprano de las garantías de imparcialidad.
Según la defensa, se instaló una sospecha pública sobre Vivanco antes de que pudiera conocer con precisión las acusaciones en su contra, lo que habría condicionado todo el desarrollo posterior del proceso.
A esto se suma, indican, que la remoción se produjo sin un procedimiento disciplinario previo, en contra de la práctica judicial habitual.
Este punto, aseguran, será parte de la ofensiva internacional de la exministra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una acción contra el Estado de Chile que recién comienza.
Otro eje del planteamiento apunta a la imposibilidad de ejercer una defensa adecuada.
La presentación sostiene que Vivanco no tuvo acceso completo al expediente ni a las pruebas utilizadas en su contra, que no existieron audiencias públicas ni instancias para contrainterrogar testigos, y que sus descargos no fueron evaluados bajo estándares de imparcialidad.
Además, se acusa que algunos ministros que intervinieron en la decisión de removerla mantenían vínculos o intereses relacionados con los hechos investigados, incluso con menciones en chats filtrados, sin que se abstuvieran de votar.
Para la defensa, esa circunstancia agrava la falta de objetividad del proceso.
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