Al menos 30 facturas y más de 22 millones por “deuda de campaña política”: El detalle de la querella del CDE contra Lavín León

Este viernes, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal en contra del diputado Joaquín Lavín León, a quien acusa del delito de malversación de caudales públicos.

La acción judicial, ingresada al 7º Juzgado de Garantía de Santiago, fue interpuesta por el abogado procurador fiscal Marcelo Chandía, y también involucra a tres exasesores del parlamentario: Arnaldo Domínguez, Juan Alberto Silva y Felipe Vásquez Diéguez, todos ellos parte del círculo de confianza del diputado.

Según antecedentes obtenidos por CNN Chile, la querella se basa en el uso de facturas ideológicamente falsas para justificar gastos rendidos ante la Cámara de Diputadas y Diputados, que en realidad corresponderían a pagos encubiertos de deudas por servicios de campaña política.

Facturas sin respaldo por más de $22 millones

La investigación del CDE identificó al menos 30 facturas emitidas entre abril de 2018 y noviembre de 2022, que suman un total de $22.106.660, todas justificadas con conceptos como “cuentas públicas”, “servicios de impresión” o “flyers”, pero que, según declaraciones del propio Juan Silva, no tienen respaldo documental, no fueron prestadas, o corresponden derechamente a servicios realizados en el marco de campañas electorales anteriores.

Una de las primeras facturas cuestionadas data del 2 de abril de 2018, por un ítem titulado “Flyers tenencia responsable”. No obstante, según consta en la querella, no existen registros que respalden su ejecución, y se señala que en realidad se trataba del pago de una deuda por campaña política por $600.000.

Ese mismo patrón se repite en facturas posteriores:

20 de julio de 2018: “Diseño e imprenta”: $600.000

12 de septiembre de 2018: “Cuenta pública” y “Tarjetas de presentación”: $600.000 y $371.280

30 de octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre de 2018: ítems de “cuenta pública”, todos sin respaldo: $1.320.190

Durante 2019, se emiten 11 facturas por montos similares, casi todas sin evidencia de servicios ejecutados y bajo conceptos como “10.000 cuentas públicas”, “folletos”, “impresiones” o “servicios de impresión”. Todas ellas serían, según Silva, pagos atrasados por trabajo electoral.

31 de julio y 30 de agosto de 2019 destacan por incluir referencias directas a servicios prestados para Joaquín Lavín y personas cercanas a él, sin ejecución acreditada.

El salto millonario de 2021

Una factura de fecha 19 de noviembre de 2021 marca un punto crítico: bajo el concepto de “Servicios de campaña”, se detalla un monto de $8.802.430, correspondiente a pagos por servicios efectuados directamente a Lavín y su entorno, nuevamente sin respaldo de ejecución.

A partir de 2022, se detecta un patrón mensual de emisión de facturas por “servicios no prestados”, todas dirigidas a saldar deudas correspondientes a la campaña electoral de 2021:

• Febrero: $700.000
• Marzo: $500.000
• Abril: $300.000
• De mayo a noviembre (7 meses): $700.000 cada mes

Estas últimas suman un total de $5.000.000, y en todos los casos se indica que los servicios jamás fueron prestados, sino que las facturas se utilizaron como mecanismo para saldar compromisos adquiridos en el marco de actividades electorales previas.

Facturas rendidas al Congreso

Según se desprende del relato del exasesor Juan Silva, todas las facturas, salvo una, fueron presentadas como rendiciones de gastos ante la Cámara de Diputadas y Diputados.

Es decir, el dinero público se habría utilizado para pagar deudas políticas personales, con facturas falsas que camuflaban conceptos distintos al servicio realmente prestado —o inexistente—.

Resumen

• Facturas cuestionadas: 30
• Monto total involucrado: $22.106.660
• Concepto real: Pagos de deudas por campaña política
• Facturas rendidas al Congreso: 29 de las 30
• Servicio no prestado: Declarado en la mayoría de los casos

El CDE sostiene que estos antecedentes configuran una eventual malversación de fondos públicos, por lo que solicita al Ministerio Público que se investigue penalmente a Lavín León y a sus asesores más cercanos.

La causa quedó radicada en el 7º Juzgado de Garantía de Santiago y deberá ser tramitada por la Fiscalía Centro Norte.