Carolina Urrejola critica el anuncio del Presidente Boric sobre Punta Peuco como un gesto innecesario de reivindicación política, y propone una mirada más técnica y humanitaria sobre su cierre.
Uno de los anuncios del presidente Boric en su última cuenta pública fue convertir el penal Punta Peuco en un recinto de reclusión común y no especial para ex uniformados violadores de derechos humanos.
Es un tema antiguo que sinceramente no debiera ser considerado una cuestión decisiva por ningún gobierno a estas alturas como para ponerla al centro de una instancia tan importante como la cuenta pública.
La historia reciente de nuestro país indica que una solución para evitar la impunidad total tras la dictadura fue la idea de los dirigentes de la Concertación, en el gobierno de Eduardo Frei, de construir este penal a la medida.
Una verdadera vergüenza, pero aparentemente la única forma posible en ese momento histórico. Y no fue la única humillación que debió soportar el mando civil por esos años.
En ese mismo gobierno se instaló la mesa de diálogo para que los militares y exmilitares que tuvieron a su cargo la represión asesina de la dictadura de Pinochet entregaran información de forma anónima para dar con el paradero de los detenidos desaparecidos. La instancia terminó en un fracaso estrepitoso.
Los representantes uniformados de la mesa mintieron groseramente y no aportaron ningún dato relevante, causando la indignación de quienes de buena fe querían avanzar en este tema tan doloroso para miles de familias y para la conciencia de nuestra nación.
La historia también señala que en su primer gobierno, Sebastián Piñera tuvo el coraje de cerrar el penal Cordillera para los 40 años del golpe de Estado, terminando con otro de los símbolos de privilegio de los años de la transición.
Luego vino el intento fallido de Bachelet de cerrar Punta Peuco, y la consolidación de la idea en este gobierno de que la realidad carcelaria es tan grave que no hay que cerrar ningún penal.
Con esa convicción, y considerando temas estrictamente técnicos y administrativos, debió avanzarse en convertir Punta Peuco en la cárcel común que hoy se anuncia con bombos y platillos.
Más trabajo concreto y silencioso, menos manipulación de una herida histórica para las familias afectadas por las violaciones a los derechos humanos.
Que Punta Peuco y sus inquilinos vuelvan a ser noticia como una especie de reivindicación de la izquierda, francamente no tiene sentido. Lo natural es que esa situación de excepción se diluya en la oscuridad del tiempo. Que incluso los más ancianos, enfermos y desmemoriados que ahí habitan puedan eventualmente ir a morir a sus casas puede ser una lección de humanidad que ellos jamás tuvieron con las víctimas ni con sus familias.
Y que el Estado haga lo que tiene que hacer: avanzar en habilitar nuevas plazas para presos comunes. En eso no hay épica. El gobierno no debiera pretenderla.
#CNNChileRadio | Carolina Urrejola (@carolaurrejola) aprovecha su minuto editorial para hablar sobre el anuncio presidencial de la transformación del penal Punta Peuco.
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— CNN Chile (@CNNChile) June 2, 2025
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