Impotencia. Esa es la palabra que definen tantas familias a la espera de recibir de vuelta sus propiedades a manos de arrendatarios abusivos, que por años se han apoderado de estas apelando a un derecho mal interpretado o realmente con total descaro. Buscan terminar ahora con meses impagos, daños en el inmueble y tantas otras situaciones poco empáticas, pero de manera definitiva, no en uno o dos años más. Exigen a las autoridades soluciones efectivas porque la angustia de vivir un drama con este nivel de incertidumbre debe tener un límite.
Lamentablemente, cada día nos enteramos por la prensa de casos de propietarios que claman por sus casas. De casos incluso extremos que afectan a adultos mayores, quienes no tienen dónde vivir porque sus arrendatarios no quieren abandonar la vivienda pese a completar meses impagos. Los casos suman y siguen, y lo más grave es que en pandemia está irrumpiendo el delito de las tomas ilegales.
Según datos entregados por la Corte Suprema de Justicia, cerca de 60 mil familias dueñas de uno o más inmuebles se ven afectadas económicamente por arrendatarios abusivos e inescrupulosos. Si esto fue antes de la crisis sanitaria, los casos no han cesado.
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Hace unos días supimos de la denuncia de vecinos de la comuna de La Florida por la ocupación forzosa de tres casas de su villa avaladas en $200.000.000. ¿Los responsables? Individuos que se “tomaron” la casa de un vecino que se encuentra en el extranjero. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ponemos freno o seguimos dándole “chipe libre” a quienes no pagan el arriendo a sus propietarios, los que al parecer tienen más derechos que las reales víctimas y ahora sumándose- usurpadores de lo ajeno?
Pese a este brutal problema que está desnudando la pandemia, hasta la fecha aún no recibo ninguna respuesta de mi emplazamiento a los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y en especial a su presidente, Pedro Araya, a fin de que agilicen lo antes posible la tramitación del proyecto “Devuélveme la casa”, cuyo fin es conseguir en tan sólo días la expulsión de arrendatarios que no cumplan justamente con el pago del arriendo, servicios básicos o que hayan generado algún deterioro y, de esta manera, puedan por fin recuperar sus viviendas.
Puntualmente, el proyecto modifica el Código de Procedimiento Civil, incorporando la medida precautoria de restitución anticipada de inmuebles o restitución en un plazo de 10 días, si es que el morador no paga lo adeudado por concepto de renta gastos comunes o servicios básicos, en juicios de precario y de terminación de arrendamiento y de comodato.
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No es posible que los propietarios tengan que esperar un año o más para que se decrete el lanzamiento con auxilio de la fuerza pública, debemos modificar estos plazos. El arrendamiento de bienes raíces siempre ha traído aparejado este gran problema que muchas veces se ha vuelto invisible, refiriéndonos a aquellos ciudadanos que no cumplen con sus obligaciones de pagar a tiempo el precio por la utilización de un bien inmueble, usarlo para otros fines presupuestados, o bien, ocupar la propiedad sin título alguno.
Necesitamos que iniciativas como “Devuélveme la casa” vean finalmente la luz, para que sea la salida concreta que esperan desesperadamente las víctimas de arrendatarios abusivos. Es un proyecto que va por el camino correcto, que sí se hace cargo de los vacíos de la actual ley que supuestamente debe mediar en estas situaciones.
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