Hace poco más de un mes ingresó al Congreso el proyecto de ley “Regiones más fuertes“, enfocado en avanzar en descentralización fiscal y entregar mayor autonomía presupuestaria a los gobiernos regionales. Algunos de los ejes de esta iniciativa son permitir que las regiones se endeuden y crear una regla fiscal regional. Estas medidas son novedosas, ya que anteriormente no se habían discutido en el Congreso. A su vez, la iniciativa tiene aspectos muy ambiciosos para ser el primer avance en materia de descentralización fiscal, no obstante, se ha dejado totalmente de lado el rol que debe jugar el sector privado para que el proceso de descentralización sea sostenible.
Pese a la importancia de la descentralización fiscal, el asunto ha perdido protagonismo en medio de las conversaciones por lograr el pacto fiscal que viabilice el proyecto de reforma tributaria que se ingresará durante julio al Senado. Si bien tenemos pocas luces respecto de qué medidas se incluirán en ella, sí conocemos las iniciativas que pretende financiar, ninguna de estas asociadas a avanzar en materia de descentralización.
A lo anterior debemos agregar que las proyecciones reales de crecimiento del gasto fiscal total publicadas por la Dirección de Presupuestos para los próximos cinco años apuntan a un promedio de 1,3% anual. Esto parece poco realista -por no decir casi imposible- considerando que entre 2011 y 2019 el crecimiento promedio del gasto fiscal total fue de un 4.7% anual, mientras que, tomando en cuenta periodos más largos que incluyen crisis y pandemia, este incluso supera el 6%.
Una mayor autonomía para las regiones, junto con los demás compromisos gubernamentales pendientes, añadirían nuevas presiones de gastos propias de procesos necesarios para implementar nuevas políticas, lo que implica transparentar y elevar estas irreales proyecciones de gastos fiscales. Volviendo al proyecto de “Regiones más fuertes”, si bien el foco es positivo, hay una serie de temas que merecen ser discutidos.
En primer lugar, cabe destacar la elaboración de la planificación financiera de mediano plazo que deberán construir los gobiernos regionales. Esto no se hace hasta ahora y permitirá que las autoridades conozcan con mayor claridad el espacio fiscal con el que cuentan, fomentando la priorización de sus proyectos. Además, permitirá dar continuidad a los proyectos regionales ante cambios en la postura política del gobierno regional de turno.
En segundo lugar, la propuesta plantea la elaboración de la regla fiscal regional. Esta sería fijada por el Ministerio de Hacienda y se apoyaría en la planificación financiera de mediano plazo. Esta parece estar debidamente definida, pero podría ser un aspecto de segunda vuelta en el proceso de descentralización fiscal, considerando que actualmente es inexistente. Digo esto porque la regla fiscal de convergencia al balance estructural a nivel nacional ha sido quebrantada en una serie de ocasiones, siendo el ejemplo más reciente el déficit estructural de 2021 de 10,8% del PIB.
Más allá de que esta regla no se haya cumplido en eventos que podrían estar económicamente justificados, el marco legal actual no cuenta con cláusulas de escape. A su vez, el cálculo del balance estructural ha sido cuestionado por diversas autoridades, sugiriendo que podría no ser la herramienta correcta para medir la responsabilidad fiscal.
Por esto, antes de fijar una regla fiscal para las regiones, quizás debieran actualizarse primero las condiciones a nivel nacional, ya sea complementando el mecanismo actual con una herramienta más transparente, como podría ser un techo de deuda neta, o reemplazándolo por otros indicadores.
En tercer lugar, si bien el proyecto apunta hacia un marco de control claro, los perfiles de solvencia construidos por el Ministerio de Hacienda y la revisión de las clasificadoras de riesgo limitarán el margen de maniobra de las regiones con proyecciones financieras más deterioradas. Aún cuando el foco de la responsabilidad fiscal está claro y es un aspecto clave en la descentralización sostenible, sigue siendo muy probable que solo las regiones más solventes se podrán endeudar, ampliando la brecha que ya existe con las más pobres. Esto porque las regiones con menos recursos se encuentran atrasadas en cuanto a desarrollo económico, y la falta de acceso a financiamiento las hará continuar en el círculo vicioso en el que se encuentran.
Por otra parte, la necesidad de que el Ministerio de Hacienda deba visar las decisiones financieras que se toman a nivel regional puede llevar a que emerjan nuevos conflictos de interés. Aunque un proceso de descentralización fiscal en un país como el nuestro requiere que se mantenga la responsabilidad fiscal a nivel nacional, una fluida comunicación entre las autoridades regionales va a ser necesaria.
Así, parte del correcto funcionamiento del proyecto de ley se basa en que seremis, delegado(a) regional presidencial, consejo regional y gobernador(a), entre otros, logren poner a un lado sus diferencias políticas y velar por la prosperidad regional.
Si bien el proyecto de “Regiones más fuertes” tiene como principal objetivo la descentralización fiscal, el rol de los privados en el proceso de descentralización es clave para que este sea sostenible. Lo anterior ha sido completamente omitido por el Ejecutivo siendo que el curso natural hacia un país con mayores oportunidades en las regiones debe ir de la mano con incentivos que estén correctamente definidos.
La profesionalización de la política a nivel regional y el sentido de pertenencia y compromiso de las autoridades regionales depende en gran parte de las oportunidades laborales que existan. Demás está decir que, en varias regiones a nivel nacional, a algunos profesionales se les hace imposible ejercer. Esto ha llevado a que, en muchas ocasiones, autoridades que representan a ciertas regiones no hayan vivido en ellas en los últimos años. Así, la carencia de incentivos para que las empresas se ubiquen fuera de la capital ha llevado a que Chile se vuelva un país cada vez más centralizado. Mejorar la infraestructura de las regiones, la calidad de los servicios públicos y privados, entregar beneficios tributarios, entre otros, podrían ser algunas de las medidas para incentivar que las empresas se ubiquen fuera de Santiago. A su vez, esto llevaría a retener el talento en las regiones, dando también la posibilidad a las personas de desarrollarse con oportunidades similares a las que tienen en la capital.
El proyecto de “Regiones más fuertes” es sin duda un puntapié inicial del Gobierno que apunta en la dirección correcta, aunque aún tiene espacio de mejoras a través del ingreso de indicaciones. La descentralización fiscal es un aspecto clave que debe ser complementado con otras medidas para lograr un país efectivamente descentralizado. En definitiva, estamos hablando de que las personas puedan acceder a las mismas oportunidades en regiones que en Santiago y satisfacer sus necesidades en los distintos aspectos de su vida.
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