Retorno al libreto original

Pasadas las elecciones, el gobierno de Boric parece haber experimentado una súbita liberación. Como si el escrutinio ciudadano hubiera sido un paréntesis transitorio en su periplo ideológico, La Moneda ha comenzado a retomar el libreto con el que debutó en 2022 y que fue rechazado reiteradamente en las urnas.

La propuesta de “amarre” de funcionarios y la ampliación del giro de empresas públicas, aprovechando el proyecto de ley de reajuste —además de un cerrojo legal envuelto en galimatías fiscales— es una señal elocuente de este retorno. No se trata de una política pública neutra ni de una discusión meramente técnica, sino de un intento deliberado por reducir el margen de acción al próximo gobierno, en abierta tensión con la idea democrática de alternancia en el poder. Ciertamente que gobernar hasta el último día es legítimo; pero condicionar al sucesor mediante maniobras de última hora es otra cosa muy distinta.

En la misma lógica se inscribe la férrea defensa de la embajadora ante Nueva Zelanda, quien actuó como activista de la causa de autodeterminación Rapa Nui, confundiendo su rol diplomático y comprometiendo la posición oficial de Chile. Que el Ejecutivo haya optado por soslayar esta conducta —solo mereció una reprimenda— no es un descuido anecdótico, sino la expresión de una concepción ideológica en que la representación institucional se subordina a causas políticas particulares, aunque estas tensionen la unidad nacional y contradigan la política exterior. El Gobierno debutó hablando de Wallmapu y se retira tolerando un activismo diplomático de similar matriz.

Estos episodios se inscriben en una fisonomía marcada por una contumacia ideológica que se repite en distintos ámbitos. Así lo muestran la persistente indulgencia frente a la ocupación ilegal de terrenos, la ambigüedad ante la violencia en la macrozona sur y la reintroducción, en diversos proyectos de ley, de ideas maximalistas ya rechazadas en la Convención Constitucional, como la negociación laboral por rama, en un contexto de desempleo crónico que vuelve aún más imprudente esta medida.

Se suma a lo anterior, el anuncio del Partido Comunista de impulsar movilizaciones para “presionar” al próximo gobierno. Esto no es sorprendente sino parte de un reflejo inveterado de este partido. Cuando la izquierda radical no gobierna, se dedica a la agitación social. La democracia representativa es aceptable solo mientras los resultados le son favorables; pero cuando no lo son, entonces se la considera insuficiente, burguesa o capturada por intereses espurios. Nada nuevo bajo el sol.

Lo verdaderamente revelador es que, tras dos derrotas electorales muy contundentes —el plebiscito del 4 de septiembre de 2022 y la reciente segunda vuelta presidencial—, la coalición gobernante no haya extraído ninguna lección sustantiva. No hay autocrítica honesta ni revisión de fondo del proyecto político que encarnaron, solo un magro reconocimiento de errores tácticos o comunicacionales. Persiste, en cambio, una tenacidad dogmática por reiterar las mismas ideas y narrativa que la ciudadanía ya rechazó de manera inequívoca.

Este retorno al libreto original no es un exabrupto ni una improvisación. Es la manifestación de un proyecto político que no logra asumir su fracaso y que, incapaz de persuadir a la mayoría, opta por atrincherarse en el aparato del Estado, en la presión callejera o en gestos simbólicos dirigidos a sus adherentes más fieles.

Es paradojal: una izquierda que proclama gobernar “con el pueblo” no acepta que ese mismo pueblo le haya dicho que no. Y lejos de procesar esa derrota con humildad, la administra como si fuera apenas un contratiempo táctico. Chile, una vez más, tendrá que hacerse cargo de las consecuencias de una izquierda derrotada que se resiste a abandonar un proyecto que no concita mayorías. El problema no es que pierdan elecciones; es que actúan como si no las hubieran perdido.

Jorge Jaraquemada

Director ejecutivo

Fundación Jaime Guzmán