El Gobierno realizó modificaciones al proyecto de reajuste al sector público, específicamente a la norma que ha sido interpretada por la oposición como “amarre”, al endurecer las condiciones para el despido de personal público a contrata.
De ese modo, el Ministerio de Hacienda decidió subir la norma a cinco años.
Así lo explicó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde: “Se planteó una norma que lo que pretende es básicamente establecer que, en caso de desvinculación, este acto administrativo se fundamente. En ese marco, con el objeto de llegar a un entendimiento, si es posible, se ha planteado la extensión del plazo, y por tanto sería una norma que ni siquiera se aplicaría a quienes ingresaron durante el mandato del presidente Boric”.
“De esta manera, queda claro que el sentido de la norma es distinto al que lamentablemente se ha generado”, acotó.
La iniciativa planteaba que los funcionarios públicos podían reclamar si consideraban que una no renovación o despido era ilegal, siempre que llevaran dos años en sus labores.
Dicho período fue ampliado a cinco años, por lo que el personal contratado por la actual administración no estaría sujeto a ese derecho a reclamo.
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