Este lunes, en el marco del inicio de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos 2027 en la Cámara de Diputadas y Diputados, se conocieron nuevos detalles de la iniciativa, que contempla una autorización para que el Presidente de la República pueda contraer obligaciones por hasta US$ 25.000 millones durante el próximo año, tanto en Chile como en el extranjero y en moneda nacional o extranjera.
El proyecto había sido ingresado dentro del plazo constitucional y Dipres programó que fuera dado cuenta en la Cámara este 5 de octubre.
La cifra corresponde a un límite máximo de endeudamiento autorizado y no implica que el Fisco necesariamente vaya a incrementar su deuda neta en US$ 25.000 millones durante 2027.
El artículo 3 establece que el endeudamiento considera amortizaciones e intereses de la deuda fiscal y que los recursos obtenidos se incorporarán a los Ingresos Generales de la Nación.
Parte de las emisiones puede destinarse a refinanciar deuda
La distinción es relevante debido a que una parte de las emisiones que realiza el Fisco puede utilizarse para hacer frente a vencimientos de obligaciones previamente contraídas.
En el plan de financiamiento original de 2026, por ejemplo, Hacienda contemplaba emisiones por hasta US$ 17.400 millones, de los cuales aproximadamente US$ 7.200 millones correspondían al financiamiento de amortizaciones. Con ello, el endeudamiento neto estimado inicialmente para este año alcanzaba cerca de US$ 10.200 millones.
El proyecto para 2027 incorpora además una segunda autorización por hasta US$ 600 millones, o su equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional. Esta facultad se encuentra separada del margen principal establecido por la iniciativa.
Para materializar las operaciones, el proyecto permite al Ejecutivo emitir y colocar bonos y otros instrumentos denominados tanto en moneda nacional como extranjera. El articulado también define qué operaciones deberán contabilizarse dentro del margen máximo autorizado para el próximo ejercicio.
Entre esas reglas, la iniciativa establece que la parte de las obligaciones que sea amortizada dentro del propio ejercicio presupuestario 2027 no será considerada en el cálculo del margen.
Tampoco se contabilizarán, bajo las condiciones previstas en el proyecto, determinadas obligaciones destinadas al pago anticipado total o parcial de deudas contraídas en ejercicios anteriores.
La utilización de la autorización deberá concretarse mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda. Esos documentos tendrán que identificar el destino específico de las obligaciones que se contraigan y señalar las fuentes de recursos con cargo a las cuales se realizará posteriormente el servicio de la deuda.
Congreso deberá recibir información sobre las operaciones
El proyecto incorpora además obligaciones de información al Congreso. Copias de los decretos deberán ser remitidas a las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados dentro de los 15 días siguientes a su total tramitación.
El techo planteado para 2027 se compara con un programa actualizado de emisiones de bonos por US$ 23.600 millones para 2026.
Hacienda había comenzado el año con un plan máximo de US$ 17.400 millones, pero posteriormente el Congreso autorizó endeudamiento adicional por hasta US$ 6.200 millones, tras lo cual el ministerio elevó su programa de colocaciones hasta los US$ 23.600 millones.
Ejecutivo advierte presión sobre las cuentas públicas
El nuevo margen aparece además en un escenario en que el propio Ejecutivo reconoce una prolongada presión sobre las cuentas públicas.
En el mensaje que acompaña al Presupuesto 2027 se señala que 12 de los últimos 13 años registraron balances fiscales deficitarios y se advierte que la acumulación de esos resultados ha elevado la deuda pública y el gasto destinado al pago de intereses.
El documento agrega que durante 2025 el pago de intereses equivalió a más del 70% del gasto en la Pensión Garantizada Universal.
El Ejecutivo plantea que la persistencia de déficits continuaría aumentando tanto el nivel de endeudamiento como el costo de los intereses, reduciendo el espacio disponible para financiar otras obligaciones y beneficios sociales.
A ello se suma la trayectoria definida por el Gobierno en su Decreto de Política Fiscal, que establece una meta de déficit estructural de 1,8% del PIB para 2027 y mantiene un ancla de deuda bruta del Gobierno Central de 45% del PIB en el mediano plazo.
El Congreso deberá ahora resolver durante la tramitación presupuestaria si aprueba el margen de endeudamiento de hasta US$ 25.000 millones propuesto por el Ejecutivo y las reglas bajo las cuales podrá utilizarse durante el próximo año.
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