El Gobierno deberá ingresar en los próximos días al Congreso la Ley de Presupuesto 2026, en un contexto electoral donde los candidatos presidenciales comienzan a alinearse con sus parlamentarios para influir en la distribución del gasto fiscal.
En medio del escenario presidencial, el Gobierno deberá ingresar en los próximos días al Congreso la Ley de Presupuesto 2026, la cual contempla diversos recortes con el fin de enfrentar el déficit fiscal, entre ellos, los destinados a las gobernaciones regionales.
Sobre la discusión, la directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián (USS), Cristina Torres, explicó que actualmente “existe un marco restringido de crecimiento del gasto, por tanto, van a haber distintos servicios que se pueden ver afectados con reducciones de presupuesto”.
En esa línea, advirtió que lo más relevante es evaluar si los recortes van en sintonía con los programas que han recibido evaluaciones negativas o con servicios cuya ejecución presupuestaria del año en curso no ha sido la adecuada. Según sostuvo, el principal desafío del Ejecutivo es reconocer lo ocurrido con la estimación de los ingresos fiscales, ya que estos son la base para la discusión del próximo año.
En la misma dirección, el exdirector de Presupuestos, Matías Acevedo, planteó que “será la meta menos 1,1% del PIB para el año 2026 y, si eso es así, yo estimo que el presupuesto, más que crecer, debería caer en torno a 1%. Los ingresos este año vienen sobreestimados en torno a 1.500, 1.800 millones de dólares y eso va a hacer que esos mayores ingresos que teníamos por los mejores parámetros estructurales se vean más que compensados por la sobreestimación de los ingresos”.
Desde su análisis, prevé que el Gobierno terminará presentando un presupuesto con un crecimiento cercano al 1 o 1,6% respecto del año anterior.
La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, adelantó que “estamos trabajando en la ley de presupuesto como lo hemos hecho siempre, con mucha responsabilidad fiscal y social, entendiendo que nuestro país no puede seguir la tendencia de endeudamiento que estaba teniendo antes de que llegáramos a la administración, porque más deudas son más intereses y pagar más intereses significa pagar menos en áreas sociales que son importantes como salud, educación, seguridad, vivienda”.
Agregó que la administración mantendrá la política de responsabilidad fiscal, sin dejar de lado los compromisos sociales: “¿Qué es fácil? No es fácil. Obviamente nunca la ley de presupuesto ha sido fácil, ni elaborarla ni menos tramitarla con la diversidad de miradas que existe, sobre todo en el parlamento actual”.
Desde la oposición, el diputado de Renovación Nacional e integrante de la comisión de Hacienda, Frank Sauerbaum, sostuvo que el Gobierno “tiene que considerar la estrechez fiscal en la que nos encontramos, el bajo nivel de crecimiento, el nivel de endeudamiento y también el balance estructural que ellos han ido comprometiendo, que han ido incumpliendo en los últimos años”.
En ese sentido, remarcó que es fundamental fijar correctamente los niveles de ingresos “para evitar errores como los que se han producido en el pasado”. Según sus estimaciones, el crecimiento del presupuesto no debería superar el 2%: “Lo razonable es que se ubique entre el 1% y el 2%, considerando que hay que hacer una serie de ajustes fiscales y recortes, sobre todo en programas sociales mal evaluados”.
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