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Transportes Centropuerto Limitada acudió al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, debido a que, a su juicio, “no se están asegurando niveles adecuados de competencia”, tras el ingreso del Sistema Red al Aeropuerto Internacional Arturo Benítez. Sin embargo, el organismo respondió que no existen “asimetrías” ni “efectos negativos” que justifiquen alguna intervención.
Transportes Centropuerto Limitada ingresó, el 20 de febrero, una consulta no contenciosa en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) respecto de las bases de licitación del servicio de transporte público del Sistema RED para movilizar pasajeros hasta el aeropuerto.
La empresa chilena se dedica a prestar servicios de transporte hacia el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez y criticó que el ingreso de buses RED al terminal aéreo provoca “riesgos anticompetitivos”.
“Al autorizar el ingreso del Sistema RED al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez (AMB o el Aeropuerto), no se están asegurando niveles adecuados de competencia en la cancha en el mercado del transporte de pasajeros desde y hacia el AMB”.
En el reclamo formal de Centropuerto, señalaron que el ingreso de RED al aeropuerto afecta la libre competencia en el mercado de transportes, debido a que pueden ofrecer tarifas más bajas, ya que cuentan con subsidio estatal, con las que el servicio privado no puede competir.
Según ellos, RED ingresa con “condiciones más ventajosas que los oferentes y futuros adjudicatarios del servicio, toda vez que cuenta con subsidio estatal que le permite fijar tarifas más bajas que los futuros adjudicatarios”.
Otro problema que cuestiona la empresa es la exención de costos de RED, ya que no deben pagar seguros, un peaje por usar el aeropuerto ni dejar boletas de garantía.
“Los operadores del Sistema RED se encuentran exentos de los costos operacionales que deben asumir los oferentes de la licitación y que deben considerar en su oferta económica, como entrega de boleta de garantía, seguro operacional, cobro por pasada, etcétera”.
Asimismo, el documento expuso que a RED “no se le exige cumplir con las mismas exigencias operacionales respecto de los años de antigüedad de los buses” que se les pide a las empresas privadas, como Centropuerto.
Por último, acusaron que, ante la falta de información respecto de cuándo empezará a operar el transporte público en la zona, esto genera una “extrema incertidumbre sobre los aspectos operacionales y económicos de la licitación, impidiendo efectuar a los oferentes un adecuado análisis económico en sus ofertas”.
Es por ello que la empresa chilena solicitó al Tribunal suspender el “Proceso Licitatorio 2025 sobre Servicio de Transporte Público Mediante Buses Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago, ordenando que este deje de ejecutarse y no pueda concluirse”.
El TDLC no admitió la medida cautelar solicitada por Centropuerto, en la que pedían suspender el proceso licitatorio.
“No ha lugar a la medida cautelar y a la petición subsidiaria solicitada, por cuanto no se han invocado antecedentes suficientes que justifiquen su necesidad para impedir una afectación de la competencia o para resguardar el interés común (…) atendido que los antecedentes presentados respecto a la incertidumbre en la licitación y a las asimetrías con el Sistema RED no tienen mérito suficiente para presumir, en esta instancia, efectos negativos que justifiquen la intervención requerida”, indicaron.
Sin embargo, oficializaron al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones junto a la Sociedad Concesionaria Nuevo Pudahuel a entregar antecedentes a la consulta no contenciosa de Centropuerto en un plazo máximo de 20 días hábiles.
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