El fiscal de Alta Complejidad Oriente, Juan Pablo Araya, reveló este jueves en la Corte Suprema que el perjuicio económico para los aportantes del caso Sartor se sitúa entre los US$ 100 millones y US$ 200 millones.
Según información consignada por Diario Financiero, en el marco de un alegato por la arista Azul Azul de la indagatoria iniciada a fines de 2024, el persecutor detalló que las operaciones irregulares afectaron a una cartera total de US$ 800 millones, describiendo el modelo de administración de la firma como un fraude de “alta complejidad“.
Del mismo modo, recalcó que el monto final del detrimento patrimonial podría variar debido a procesos de mitigación vigentes.
Luego de que la CMF suspendiera a la administradora y nombrara un liquidador, parte de los activos se traspasaron a otras firmas para buscar su recuperación.
Como antecedente de la crisis, informes de PwC y Deloitte detectaron previamente mermas de hasta 85% en diez fondos de inversión de la gestora al cierre de 2024.
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