Gremios de camioneros exigen restituir el MEPCO y piden al Gobierno ingresar “con máxima urgencia” un proyecto de ley por el diésel

La Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) plantearon cuatro demandas al Gobierno frente a lo que calificaron como una coyuntura “crítica e insostenible” por el alza de los combustibles, en una declaración conjunta.

La primera exige que el Fuel Surcharge, el recargo por combustible, sea el único mecanismo de traspaso de variaciones de costos, y que esté “consagrado por una Ley de la República”.

Los gremios afirmaron que “rechazamos de plano cualquier fórmula voluntaria, mesa de buenas intenciones o instructivo administrativo sin fuerza ejecutiva”.

Asimismo, plantearon que esa ley debe contemplar tres elementos:

• Obligatoriedad y carácter vinculante en todo contrato o servicio de flete y transporte terrestre de carga en Chile.
• Indexación técnica y automática, que traspase de forma inmediata, transparente y simétrica las alzas y bajas del diésel al generador y dador de carga.
• Infracciones y sanciones legales a aquellas empresas mandantes que desconozcan el recargo o intenten imponer contratos a pérdida al transportista.

La segunda demanda es que el presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ingresen “con máxima urgencia” el proyecto de ley de Fuel Surcharge, y que convoquen sin dilaciones a una mesa técnica con los gremios del sector para redactarlo y tramitarlo en el Congreso.

Camioneros piden restituir funcionamiento del MEPCO

La tercera pide restituir el funcionamiento del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) según la ley vigente.

Los gremios exigieron el cese inmediato de lo que calificaron como interpretaciones discrecionales del Ministerio de Hacienda y de la Comisión Nacional de Energía, y que se restablezca de forma simultánea y obligatoria la banda del precio de referencia y el umbral de variación para el diésel.

La cuarta apunta a corregir lo que llamaron una “distorsión impositiva”: eliminar un recargo que, según los gremios, grava de forma artificial el componente variable del diésel y le agrega al sector cerca de $100 adicionales por litro.

Los firmantes cerraron su declaración sosteniendo que “las bases del transporte de carga no continuarán financiando la discrecionalidad fiscal ni subsidiarán las distorsiones del mercado a costa de su propia subsistencia”, y convocaron a sus federaciones, asociaciones y sindicatos a nivel nacional a declararse en estado de alerta permanente.