La acción, presentada a través de un recurso administrativo, plantea un inédito conflicto ético, ya que el mandatario busca reparaciones del mismo gobierno que ahora encabeza.
El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este martes una demanda administrativa exigiendo al Departamento de Justicia una compensación de US$230 millones, alegando que las investigaciones federales en su contra le causaron daños personales y políticos significativos.
La solicitud, que representa un escenario legal sin precedentes, podría derivar en un complejo conflicto ético dentro del propio aparato del gobierno federal.
Según reveló The New York Times, Trump inició este proceso mediante el llamado Formulario Estándar 95, una herramienta administrativa que permite a ciudadanos reclamar compensaciones al gobierno antes de recurrir a una demanda en tribunales federales.
En este caso, sin embargo, el exmandatario está exigiendo reparación económica a la misma agencia que ahora está bajo su mando tras su regreso a la Casa Blanca.
La primera de las quejas fue presentada a fines de 2023. En ella, Trump acusa al gobierno federal de haber violado sus derechos mediante la investigación sobre una posible interferencia rusa en las elecciones de 2016, así como por las pesquisas sobre los vínculos de su campaña con actores extranjeros.
Una segunda reclamación, presentada en el verano de 2024, apunta directamente al FBI, acusando a la agencia de violar su privacidad al allanar su residencia en Mar-a-Lago, Florida, en 2022. En ese operativo, los agentes federales buscaban documentos clasificados que Trump presuntamente se llevó tras dejar la presidencia.
Además, el republicano denuncia haber sido víctima de “procesamiento malicioso”, luego de ser imputado por mal manejo de registros confidenciales al término de su primer mandato.
Aunque las reclamaciones administrativas no son técnicamente demandas judiciales, sí suelen ser el paso previo a un litigio formal si no se llega a un acuerdo.
Si el Departamento de Justicia rechaza las solicitudes o no actúa en un plazo determinado, Trump podría llevar el caso a tribunales federales.
Sin embargo, la viabilidad de una eventual demanda es incierta.
Dado que el mismo gobierno que investiga el caso es el que debe evaluarlo, y considerando que Trump ya está en conversaciones con funcionarios de su administración, la situación se mueve en una zona legalmente ambigua.
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