(EFE) – Un tribunal surcoreano dictaminó que Japón debe compensar a una docena de mujeres prostituidas a la fuerza por el ejército imperial en la primera mitad del siglo XX, en lo que supone la primera sentencia de este tipo sobre el conflicto de los dos países.

Un tribunal del distrito central de Seúl aceptó la demanda de 12 esclavas sexuales surcoreanas planteada en 2013 para que el gobierno nipón compense a cada una con 100 millones de wones (US$91.155), una sentencia que promete erosionar aún más la relación bilateral de ambos vecinos.

Las demandantes aseguran que fueron engañadas o forzadas hasta acabar ejerciendo como esclavas sexuales para las tropas niponas antes y durante la II Guerra Mundial.

Sólo cinco de estas 12 mujeres demandantes vive aún, ya que muchas de las esclavas sexuales (a las que el gobierno japonés se refiere como “mujeres de confort”) han fallecido ya. Sólo sobreviven 16 de las víctimas registradas por la administración surcoreana.

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Se calcula que unas 200 mil niñas y adolescentes en Asia, la mayoría coreanas, fueron víctimas de abusos sexuales por las tropas imperiales japonesas desde los años 30 del siglo pasado hasta el final de la II Guerra Mundial, en 1945.

Tokio ha defendido desde el principio que esta demanda debió ser sobreseída con base en la inmunidad soberana, doctrina legal que considera impropio que un tribunal extranjero dictamine la confiscación de activos de otro país.

Por su parte, la defensa de las demandantes ha argumentado que la inmunidad soberana no debería aplicarse en caso de crímenes de guerra o contra los derechos humanos.

Esta sentencia es un nuevo episodio en el conflicto entre Seúl y Tokio a cuenta del legado colonial japonés sobre la península coreana, la cual dominó entre 1910 y 1945.

También llega después de que el actual gobierno surcoreano desechara un acuerdo bilateral firmado en 2015 entre Tokio y la anterior administración conservadora en Seúl para compensar a esclavas sexuales con unos US$8 millones, al argumentar que se acordó a espaldas del público y de las afectadas.

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